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Venezuela: capitalismo rentista y proyecto de cambio (II)

Autor: Agencia Latinoamericana de Información (ALAI)

El proceso bolivariano atravesó diversas fases en sus casi tres décadas de existencia. Segunda parte de un análisis histórico sobre la evolución de la dinámica de la lucha de clases en la Venezuela del chavismo.

De la tercera vía a la radicalización socialista

El primer plan económico presentado por las fuerzas revolucionarias al país- tras las elecciones masivas de julio del 2000 y la revalidación del presidente Chávez- fue el denominado Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2001-2007. El mismo se enmarcaba en las aspiraciones constitucionales, estableciendo los lineamientos fundamentales para superar la apremiante situación económica del país.

En ese plan se configuraron cinco metas o equilibrios con el propósito de lograr los objetivos de la Quinta República y la revolución bolivariana en lo económico, lo social, lo político, lo territorial y lo internacional.

El plan de los cinco equilibrios se diseñó como un todo, donde cada una de sus partes estaba fuertemente implicada en las demás. En ese sentido, el tema económico atravesaba el resto de los equilibrios. Existía la plena conciencia de que el crecimiento económico exigía una mejor productividad del capital existente. Lo cual ameritaba un mejor y más efectivo acceso a la educación, la salud y la seguridad ciudadana.

Del mismo modo, se insistía en trabajar con premura por añadir nuevas actividades de producción industrial y agrícolas. Objetivo vinculado de forma estrecha con la meta del equilibrio territorial, encaminada en fomentar un mejor aprovechamiento del territorio junto a una desconcentración progresiva de las actividades económicas hacia latitudes y zonas geográficas del país históricamente marginalizadas de los centros tradicionales de desarrollo.

Lo anterior contemplaba también la participación y protagonismo de sector popular en la formación de una gestión de gobierno más dinámica. Gestión que se encaminara hacia la institucionalización de la democracia bolivariana bajo el auspicio de lograr un moderno equilibrio político. Así como la democratización económica, mediante la profundización de los procesos de transferencia de competencias, presupuesto y gestión pública al pueblo.

Según el documento regulador, los principales problemas que enfrentaba la economía venezolana para alcanzar su equilibrio eran: la inflación, que arrastraba la actividad productiva desde los años ´80, y la volatilidad económica que está producía.

Para erradicar estas dificultades, el plan contemplaba consolidar una política cambiaria que funcionara como ancla nominal, combinada con una política de estabilización fiscal que fuera constante en el tiempo. Estos dos elementos permitirían reducir los sobresaltos en el mercado de divisas y disminuir los excedentes monetarios, procurando la estabilización de los índices inflacionarios y avanzando progresivamente en eliminar la volatilidad económica.

El objetivo estratégico para aquel momento en el área económica consistía en lograr “un sistema productivo, diversificado, competitivo, abierto hacia los mercados internacionales, basado en la iniciativa privada y con presencia del estado en las industrias estratégicas, pero con apertura a la inversión privada en el desarrollo aguas abajo del tejido industrial”.

En tal sentido, se establecía como tarea fundamental del estado el incentivar la pequeña y mediana industria como mecanismo de participación del sector privado. Al mismo tiempo, se buscaba modernizar y bancarizar gran parte de los activos existentes para ampliar la oferta de financiamiento.

Por su parte, el sector petrolero era considerado como palanca para el desarrollo del resto de los sectores industriales, por ser el área más adelantada de la economía nacional. Esta política tendría como base la optimización de la tributación petrolera ampliando su margen de captación. Para lograr esto se consideraba de vital importancia diversificar y ampliar los productos petrolíferos ofrecidos en el mercado mundial, poniendo especial énfasis en la elaboración de mecanismos para la comercialización del crudo pesado.

El plan, como queda claro, desarrollaba con mayor detalle lo ya establecido en la constitución: la importancia de la iniciativa privada en la economía; el entendimiento monetarista del gasto público y la política de equilibrio fiscal como fundamento y eje de los equilibrios económicos. En muchos sentidos se podría definir el plan como: heterodoxo desde el punto de vista económico, cauteloso respecto a la propiedad de los medios de producción y conservador desde el punto de vista institucional.

Sin embargo, la misma dinámica política del momento llevaría a radicalizar las ambiciones del plan, el enfrentamiento directo con la gran burguesía nacional y los sectores altamente influenciados por los intereses trasnacionales. Generando una pauta acelerada en los acontecimientos desarrollados después de promulgado el plan a finales de 2001.

Radicalización de las contradicciones

En noviembre del mismo año, el gobierno de Chávez promulgo 49 leyes. Amparándose en la Ley Habilitante que la Asamblea Nacional había aprobado al ejecutivo un año antes. El paquete legislativo estaba dirigido a darle forma y operatividad legal al plan económico de aquel entonces.

Entre las leyes sobresolarían 3 dirigidas a sectores estratégicos de enorme interés para la burguesía nacional y para los sectores operadores del capitalismo trasnacional en el país. La Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, Ley Orgánica de Hidrocarburos y la Ley de la Pequeña Y Mediana Industria.

Ley de Tierras y Desarrollo Agrario

La nueva Ley de Tierra vino a reemplazar la Ley de Reforma Agraria vigente desde 1981. Esa ordenanza jurídica empezó a regir el 1 de enero del año 2002, con la tarea fundamental de luchar contra el latifundismo, promoviendo la redistribución y aprovechamiento de las tierras ociosas, creando las bases y mecanismo para incorporar a los pequeños y medianos campesinos en el ejercicio productivo, mejorando progresivamente su calidad de vida y fortaleciendo la seguridad agroalimentaria de la nación.

La misma le otorgó al Estado la facultad de expropiar grandes extensiones de tierras si estas eran consideradas de interés público (Art 42 y 61) generando mecanismo para combatir la terrofagia que históricamente la república había arrastrado desde el siglo XIX, donde el 75% de las tierras productivas se encontraban en la mano de un grupo de terratenientes menores al 5% de la población.[2]

La ley también contemplaba la democratización en el uso y propiedad de la tierra (Art 67, 68 y 69) brindándole al campesinado los mecanismos institucionales para el resguardo y defensa de las mismas (Art 8, 11, 12 y 70).

Ley Orgánica de Hidrocarburos

Junto al alba del año nuevo, entró en vigencia la nueva Ley de Hidrocarburos elaborada por Álvaro Silva Calderón. Esta ley sustituyó a la Ley del sector promulgada en 1943, así como un conjunto de normativas conexas establecidas con posterioridad. La razón fundamental de esta nueva jurisprudencia era revertir el proceso de internacionalización. Además de ampliar y fortalecer la recolección fiscal al interior de la industria, y al mismo tiempo vigorizar la capacidad del entonces Ministerio de Energía y Minas de restablecer pleno control y transparencia en la gestión y manejo de PDVSA[3].

Como es sabido desde la nacionalización, el Estado percibía una triple vertiente de ingreso bajo los conceptos de regalías, impuestos sobre la renta y dividendo como titular de la mayoritaria accionaria en PDVSA. La nueva ley estableció una tasa mínima de regalías del 30% sobre los crudos convencionales y una tasa flexible de entre 20 y 16 % para los crudos no convencionales o pesados. Superando ampliamente el 1% pagado en los últimos años de la apertura. En cuanto a los impuestos sobre la renta, los crudos convencionales quedaron con un gravamen del 50% y los extra pesados en 32%.[4]

En lo que respecta al proceso contable, la ley exigió la presentación de las cuentas de manera separada de acuerdo a las diferentes fases de producción y comercialización. Con el acabar con la dinámica de importación de cotos y exportación de beneficios[5] que, tanto los llamados “convenios operativos” como “los contratos de servicio”, habían generado y permitido.

La Ley de la Pequeña y Mediana Industria

La tercera de estas jurisprudencias económicas estaba dirigida a un sector crucial para el fortalecimiento y promoción de un nuevo aparato productivo. La base secundaria manufacturera está dedicada o dirigida en toda economía a la producción de productos elaborados y al aumento de valor agregado en la composición productiva. Lo crucial de este sector, especialmente en el caso venezolano, es que estimula y desarrolla el mercado interno, tanto por la vía de la oferta como de la demanda. Generando actividades que estimulan a otros sectores y ampliando los márgenes de remuneraciones factoriales. Permitiendo con esto fortalecer el poder de compra de amplios grupos poblacionales activos dentro del sector. Convirtiéndose en un barómetro importante e indispensable para verificar la superación del capitalismo rentístico.

Históricamente este sector ha sido de alta concentración del ciclo estratégico de la manufactura en pocas manos. Por eso la apuesta en un primer momento fue de ampliar la participación de sectores pequeños y mediados en la manufactura nacional, vigorizando la inversión con la premisa de diversificar y desconcentrar dichos nichos monopólicos.

Bajo esta premisa se elaboró Ley de la pequeña y mediana Industria presentada el 6 de diciembre de 2001, allí se establecieron mecanismo para ayudar y fomentar al sector; desde políticas tributarias estimulantes, hasta mecanismo dirigido a democratizar el crédito mediante carteras especiales para el sector. Fundándose coordinadamente el Banco del Pueblo y el Banco de la Mujer para tal fin.

El conjunto de las 49 leyes habilitantes sería parte fundamental de la nueva economía que se intentaba construir y especialmente las tres leyes mencionadas serían durante largo tiempo herramientas para la movilización del campo popular; al exigir el derecho al uso de tierra junto a su desconcentración; al tensar más la disputa entre las necesidades del pueblo y los intereses neoliberales de los altos ejecutivos de PDVSA; y al cuestionar el monopolio de sectores estratégicos de la manufactura venezolana fuerzas revolucionarias se verían obligadas a generar mayor cohesión y profundizar su tensión con las elites burguesas nacionales e internacionales.

La ofensiva burguesa

El 21 de noviembre de 2001, tan solo una semana después de la promulgación de las 49 leyes habilitantes, el entonces presidente de la Federación Nacional de Ganaderos (Fedenaga), José Luis Betancourt, rompía en medio de una rueda de prensa la gaceta oficial donde se estampaba la nueva La Ley de Tierras y Desarrollo Agrario. Afirmaba: “Si él [Chávez] quiere plantearle una guerra al sector privado venezolano, a la sociedad civil venezolana en los términos que él imponga en ese terreno, nosotros nos vamos a enfrentar”. Sus palabras declaraban una abierta hostilidad del sector empresarial con el gobierno.[6]

Esta postura fue ratificada y compartida por la Federación Venezolana de Cámaras de Comercio y Producción (FEDECAMARAS) y por la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) desembocando en un intento de paro nacional a finales de 2001.

Misma suerte corrió la Ley de Hidrocarburos al ser criticada públicamente por el entonces presidente de PDVSA, Guaicaipuro Lameda. Dirigiendo su crítica al alza de las regalías, a la política de control de producción y gestión de la empresa por parte del gobierno.

Dentro de los sectores gerenciales de PDVSA persistía la influencia ideológica de la apertura petrolera y la perspectiva de la internacionalización, la cual prefiguraba a PDVSA no como una empresa nacional, sino como una corporación energética global al servicio de los intereses de los grandes capitales de los países consumidores, anclada en sus intereses de crecimiento y expansión, pero apartada de las necesidades nacionales[7]Frente a estos intereses la nueva ley representaba una amenaza.

La burguesía nacional, representada por los grupos empresariales organizados en el gremio de FEDECÁMARAS, junto con la aristocracia obrera de influencia trasnacional y nacional, tanto en PDVSA como en la CTV, coordinarán un frente común contra las leyes habilitantes y posteriormente contra las fuerzas bolivarianas en el gobierno. Utilizando la movilización y la injuria como mecanismo de agitación.

Estas primeras confrontaciones con las élites económicas del país dejarían claro que las aspiraciones de cambios necesarios dentro del aparato y el orden económico de la nación no contarían con un ambiente favorable dentro de estos sectores. Gran parte del sector privado venezolano, sobre todo el tradicionalmente monopolista y defensor de los intereses de las grandes transnacionales, desarrollaron una posición antagónica y fuertemente conflictiva ante la propuesta revolucionaria.

Entre 2002 y 2003 se desarrollaron dos grandes operaciones por parte de la derecha que dejaron traslucir ese antagonismo. El primero fue la ruptura del orden constitucional debido al golpe de estado del 11 de abril de 2002, llevado a cabo por la cúpula empresarial. El segundo sería el sabotaje petrolero ejecutado entre diciembre de 2002 y febrero de 2003 por la aristocracia obrera agrupada en la llamada “Gente del Petróleo”. Ambos sabotajes generarían altos costo para el país.[8]

En ambos casos, las movilizaciones populares lograron que el gobierno resistiera la arremetida de los sectores conservadores. Abril de 2002 puso en evidencia la existencia de un bloque popular democrático que era capaz de movilizarse en torno al proyecto bolivariano representado en la figura de Hugo Chávez. Convirtiéndose en el primer hito de la perenne lucha popular en Venezuela del nuevo siglo y concluyendo en una estruendosa derrota para los factores antipopulares en el país.

La retoma de las instalaciones petroleras y la derrota del sabotaje de la industria se gestó de forma similar a través de la movilización de los propios trabajadores petroleros, esta heroica victoria ratificó la iniciativa por parte de las fuerzas bolivarianas de frenar definitivamente la apertura petrolera y comenzó a consolidar el control operativo de la empresa.[9]

La guerra política a través de otros medios

Otra de las herramientas utilizadas por la burguesía nacional en alianzas con la trasnacional para presionar económicamente al proceso bolivariano ha sido, desde un inicio, la fuga de capitales. Las cuales, durante los años 2002-2003 alcanzaron dimensiones peligrosas para la estabilidad macroeconómica de la propia república.

La salida de capitales creció exponencialmente durante los primeros años del gobierno bolivariano, pasando de los 2.640 millones de dólares en 1999, con un barril de petróleo promediando los 11 dólares, a 11.850 millones en el 2002, con un barril de petróleo promediando casi los 22 dólares.[10]

Esto significa que: mientras que el precio del barril de petróleo se duplico, la salida de capitales casi se quintuplicó. Incluso a pesar de la cautela que había demostrado el ejecutivo con los empresarios. Ya para los primeros días de 2003 se estimaba que esta fuga de capital rondaba los 500 millones de dólares diarios.[11]

El 2003 sería un año que exigiría medidas extraordinarias ante situaciones inéditas para la economía venezolana. Ese año, el PBI nacional tendría na contracción de más del 7%, fruto de la turbulencia política desarrollada durante el 2002 y el sabotaje petrolero. A su vez, la producción petrolera resintió una reducción superior al 8%. Pasando de 876 millones de barriles exportados en 2002 a 725 millones en 2003[12]. Mientras que la inflación que en el 2002 fue 25% alcanzaría el 31%[13] en el 2003.

Ante tal situación, el gobierno revolucionario procedió en dos frentes. Para frenar el gran desangré de capitales se desarrolló un estricto control cambiario establecido en febrero de 2003. El segundo frente, estaría destinado a generar un amplio conjunto de programas sociales para resguardar los derechos fundamentales de los sectores más vulnerables ante la arremetida burguesa.

El control cambiario permitió reformular la distribución de las divisas que estaban en manos del estado y dirigir esos recursos a los sectores más desfavorecidos. Logrando mejores mecanismos de control y auditoría sobre la circulación de divisas en la economía. De esta manera, se fortaleció el sector externo y las reservas internacionales, llevándolas de los 12 mil millones de dólares en 2002 a más de 20 mil millones a finales de 2003[14]. Reduciendo en más de un 60% la extracción de divisas venidas de petróleo[15]El control cambiario se convertiría en una herramienta fundamental para la consolidación de la apropiación y control de la renta petrolera por parte del ejecutivo, generando una ventaja táctica para apalancar los cambios económicos y sociales planteados.

La red de misiones fue vital para la satisfacción de las garantías sociales establecidas en la constitución bolivariana. Piezas elementales dentro de la arquitectura del estado social, de derecho y justicia. Las misiones permitieron de forma dinámica y constante luchar y erradicar un gran número de flagelos sociales heredados de la cuarta república, convirtiéndose en estandartes del proceso de transformación e inclusión social del proceso bolivariano.

Este primer ciclo del proceso bolivariano concluyó el 15 de agosto de 2004 con la victoria de Hugo Chávez ante el referéndum constitucional exigido por las fuerzas opositoras del momento. Como expresaría Chávez en aquel momento: “Hoy ha triunfado un proyecto, aquí no se trata de que Chávez se vaya o no se vaya, aquí hay un proyecto nacional de desarrollo alternativo al salvajismo neoliberal… que no es otra cosa que la consolidación de los logros sociales, las misiones sociales, la profundización contra la injusticia, la exclusión y la pobreza. Esta es una nueva etapa para continuar transformando y consolidando el nuevo modelo económico productivo diversificado.”

La segunda etapa del proceso revolucionario: el socialismo

La primera etapa de la revolución bolivariana concluyo con dos realidades que modificaron cualitativamente el proceso histórico de la revolución. En primer lugar, fue evidente que el método de organización económica se sustentaba en un escenario más completo y conflictivo de lo previsto. Los promotores de la revolución habían descubierto el problema real del agotamiento rentista y la burguesía dependiente venezolana.[16]En segundo lugar, el movimiento bolivariano salió favoreció del enfrentamiento del 2002-2003. Construyendo un sólido bloque ideológico de más de 5 millones de personas que sería los cimientos que ayudarían a construir lo que posteriormente seria denominado con cierta formalidad poder popular. Este nuevo referente político se encargaría en adelante  de disputar la hegemonía de la elite burguesa decadente y promoviendo un nuevo sentido común en lo político, lo social y lo cultural.[17]

Estos dos elementos fomentarían una revisión y profundización del programa económico bolivariano. Partiendo de reconocer la vinculación de la gran burguesía venezolana con el capitalismo internacional y asumiendo como inevitable el interés de los capitales metropolitanos en mantener sus intereses protegidos. Es a partir de esta reflexión que la revolución bolivariana se declara antimperialista, promoviendo en el campo internacional iniciativas como La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA) y Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) como alternativa al Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA).[18]

Luego de la declaración de las aspiraciones socialistas de la revolución bolivarianas en el Foro de São Paulo[19]en 2005, se promulgan: la Ley de los Consejos Comunales en 2006 y la Ley Para el Fomento y desarrollo de la economía popular en 2007; la formalización de propiedad social en 2008 y la promulgación de la de ley orgánica  del Sistema Económico Comunal. Para el año 2010 el movimiento revolucionario logra asegurar una real alternativa al capitalismo rentistas y a los esfuerzos neoliberales antipopulares del pasado.

El veneno rentista

Sin embargo, este nuevo modelo económico le toco enfrentarse a las lógicas tradicionales subyacentes al viejo aparato estatal burgués en el contexto del mayor auge petrolero del siglo XXI. Esto reforzó viejas dinámicas rentitas en la económica venezolana. Se aumento las importaciones en un 571% entre 2003 y 2013 siendo otorgados más de 300 millones de dólares por parte del estado en estos años,[20] siendo otorgadas a poco más de 10 mil empresas del total de 322 mil registradas en estos años. Es decir: solo 3% de las empresas del país manejaron esa enorme cantidad de recursos.

Hasta 2017 se ha adquirido una deuda externa por más de 97 mil millones de dólares, pagándose más de 71 millones de dólares entre 2013 y 2017[21]. Todo por la lógica dependiente que sigue reforzando nuestra posición en la división internacional del trabajo como exportadores de materia prima e importadores de capital de inversión. Muchas veces capital que se origina con nuestros propios recursos y terminan siendo apropiados por nuestra burguesía, sin cargos fiscales ni control de facturación.

Según Baptista la productividad por habitante logro multiplicarse por más de 3 veces entre 1998 y 2008[22], pero la participación del sector manufacturero en el PIB solo creció en un 1.9%, pasando de 14% a 15,9%. Esto significa que el aumento en la productividad no puede ser explicada en su totalidad por medio de la industria tradicional venezolana. Por otra parte, debe quedar claro que gran parte de las divisas entregadas a los empresarios en estos años fueron dirigidas al sector manufacturero, lo que refuerza una vez más el problema del rentismo productivo.

La lucha comunal, más allá del crecimiento

Entre 1999 y el 2015, el producto interno bruto total de Venezuela aumento en un 43%. Mientras que el sector de servicios comunitarios y sociales aumento en un 100%. Registrando un peso de casi 4000 millones de dólares en la economía, es decir: la economía  comunal creció el doble del PIB nacional[23].

El ideal fundamental de la economía comunal es que solo por medio de la organización popular y la creación de una nueva sociedad civil, organizada alrededor de la propiedad social, se podrá disputar la hegemonía al gran capital venezolano. Generando las condiciones para una auténtica revolución económica y política en el territorio. Por eso, el planteamiento de la comuna como vía para lograr el socialismo, es el significado real del socialismo bolivariano del siglo XXI.

Tal como afirma la investigadora y escritora Pasqualina Curcio Curcio: “No es suficiente superar el modelo rentista petrolero mediante la diversificación de la producción y aumento de las exportaciones. La estrategia que debe ser trasversal a la superación del modelo rentista es la producción por parte de muchas manos, con propiedad social de los medios de producción… El objetivo es romper con la concentración de la producción y distribución de los bienes esenciales”[24]

“El ideal fundamental de la economía comunal es que solo por medio de la organización popular y la creación de una nueva sociedad civil, organizada alrededor de la propiedad social, se podrá disputar la hegemonía al gran capital venezolano”

Es notable que la revolución bolivariana ha tenido muchos existo en el alcance y trasformación de la sociedad venezolana reduciendo a la mitad la tasa de desempleo, así como disminuyendo en un 52% la pobreza extrema. Sin embargo, no cabe duda que estos logros han sido fuertemente trastocados por la reciente crisis primero de los precios del petróleo y luego la provocada por el bloqueo internacional a nuestro comercio de petróleo. Ambas manifestaciones del agotamiento del capitalismo a la que nuestra sociedad en su conjunto sigue arrastrada. Esta crisis de la revolución sin embargo ha tenido también razones exógenas y de corte político, sobre todo frutos de una nueva ofensiva de la burguesía nacional e imperial[25].

La aspiración comunal y con ella la aspiración popular afronta amenazas tanto internas, así como externas al proceso bolivariano. Tanto por la reciente vuelta en la búsqueda de la alianza empresarial, como por los sectores dentro del chavismo que se niegan a generar los cambios que la jurisprudencia amerita para fortalecer la avanzada comunal[26].

Hoy hemos vuelto a los primeros años de la revolución. Con planes heterodoxos desde el punto de vista económico, cautelosos respecto a la propiedad de los medios de producción y conservador desde el punto de vista institucional. Un sector del Chavismo ha vuelto creer nuevamente en la fantasía de una alianza con la gran burguesía. Con la diferencia de que ahora nos acosa el desprestigio, la burocratización y el desencanto, puesto que cuanto mayor poder acaparar los capitalistas, menor gravitación política tiene la mayoría de los ciudadanos sobre la gestión del estado[27].

La condición objetiva que abrió el camino a la revolución bolivariana sigue en pie. Como ha queda demostrado después de un apogeo de recursos y de un crecimiento de la mano con la burguesía nacional, solo la vía comunal puede realmente trascender el rentismo, la dependencia y el subdesarrollo. El resto son solo sueños quiméricos y poco audaces.

Fuente: Carlos Dürich

Enlace: https://www.alai.info/venezuela-capitalismo-rentista-y-proyecto-de-cambio-ii/

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