El problema del amianto en España parece no tener fin, pese a que su uso quedó prohibido en el año 2002. La ausencia de inventarios que cataloguen los materiales usados en las viviendas e infraestructuras del Estado abre la puerta a que el amiento, un material tóxico y cancerígeno, termine camuflándose en el material reciclado tras las demoliciones.
El actual proyecto de ley de residuos prima que se hagan demoliciones selectivas para tratar de separar los materiales peligrosos antes de derrumbar edificios y evitar que terminen mezclados con el resto de escombros, los cuales pasan a plantas de reciclaje para su futura reutilización. “Aunque las cosas se hagan bien y se tramite una licencia para demolición selectiva, gran parte de los materiales terminan mezclados y de camino a las plantas de reciclaje”, denuncia Carlos Arribas, responsable de la campaña de Residuos de Ecologistas en Acción.
Debido a esto se abren dos problemas a nivel de salud pública. Por un lado, el de los trabajadores de las plantas de Residuos de Construcción y Demolición, que podrían estar expuestos a las partículas de amiento. Por otro lado, el amianto volverá a las calles de una forma mucho más difícil de identificar, mezclado con otras sustancias, y en lugares públicos como carreteras.
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