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Una sociedad digna no puede tener personas en la calle

Autora: Tania Falcón

Más de la mitad de la población mundial vive en zonas urbanas En España, el 80% de la población vive en ellas y según las previsiones, estas cifras seguirán creciendo en el futuro. Las ciudades tienen el potencial para crear oportunidades, proporcionar herramientas para salir de la pobreza y contribuir al crecimiento y desarrollo sostenible. Sin embargo, es evidente que, en muchos casos, no están funcionando en este sentido.

Cuando caminamos por nuestras ciudades podemos ver claramente cómo el sinhogarismo es un problema que afecta a buena parte de sus residentes. Un problema que se ha hecho más evidente cuando las calles se han quedado vacías por la crisis del coronavirus, y que afecta a más de 700.000 personas en Europa, al menos 33.000 de ellas en España. Personas que, cada día, ven vulnerado su derecho a la vivienda, pero también a la salud, al empleo, a la seguridad y a la dignidad.

El Día Mundial de las Ciudades que se celebra este 31 de octubre es una fecha para reflexionar y pensar en cómo queremos que sean en el futuro. Pero también, es el momento para pasar a la acción y entender que no es posible alcanzar un desarrollo sostenible sin transformar nuestras ciudades. Sin conseguir que nadie viva en sus calles.

La Agenda 2030 es muy clara al definir cómo deben ser los espacios urbanos que queremos en diez años. En concreto, el ODS11 apunta a urbes inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles. Y nos marca la meta de conseguir, de aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados.

Conseguir ese objetivo no será fácil. Necesitamos liderazgo político, políticas de vivienda que incluyan a los más frágiles y se coordinen con las políticas generales de salud, empleo y servicios sociales. Necesitamos también compromiso social y ciudadano y necesitamos transformar el modo en que veníamos trabajando hasta ahora en múltiples direcciones.

La primera de ellas tiene que ver con dejar de pensar en el empleo como el principal y único inclusor social. Actualmente, es más difícil acceder a una vivienda teniendo un empleo que encontrar trabajo cuando se dispone de un alojamiento estable y seguro.

La segunda dirección nos debe llevar a ampliar las vías actuales de acceso a la vivienda. Aumentar el parque público de alquiler social para alcanzar los porcentajes europeos es urgente. No lo es menos legislar nuevas y creativas maneras de poder acceder a la titularidad de un alojamiento, como por ejemplo el alquiler de habitaciones actualmente inmerso en la economía sumergida y los pagos en b. El alquiler debe dar más opciones, con seguridad y derechos, a aquellos que no pueden pagar los actuales precios de mercado.

La tercera remite a as Administraciones Públicas y al sector privado, que deben generar posibilidades de que exista en España una oferta suficiente de viviendas de alquiler asequible. Pisos seguros y dignos, bien comunicados a precios que oscilen entre 200 y 500 euros en nuestras ciudades. Se trata de crear un nuevo mercado en el que, actualmente no existe oferta, pero hay una inmensa demanda. Los fondos provenientes de Europa para la reconstrucción pueden ser una oportunidad para impulsar este inexistente mercado.

Por último, debemos conseguir transformar las tradicionales vías para ofrecer alojamiento a los más vulnerables. Las personas afectadas por sinhogarismo, pero también a las personas dependientes o las personas que sufren una discapacidad, ya que actualmente tienen una respuesta basada en alojamientos colectivos institucionalizados. Debemos proveer alternativas basadas en viviendas normalizadas en entornos comunitarios para que las personas cuenten con un hogar propio en el que puedan recibir los apoyos profesionales necesarios. Estos métodos han demostrado con evidencias su mayor efectividad y su menor coste a largo plazo.

Las ciudades deben integrar a los vecinos más vulnerables en el desarrollo urbano general. Debemos conseguir que en 2030 nadie malviva en nuestras calles.

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