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Un juez recrimina a la policía no haber acogido a la víctima de abuso sexuales

Autora: Tania Falcón

Miguel ángel Martín Maestro, ha señalado duramente la actitud de la Policía Nacional, a la que llega a acusar de «negligencia» e «ineficiencia», en la sentencia por la que este martes ha condenado a cinco años de cárcel a un tatuador por abusar sexualmente de tres clientas. La víctima acudió en junio del 2018 y los responsables de la comisaría de la ciudad castellanoleonesa, desmotivaron a esta hasta que renunció a presentar una denuncia ante los agentes y se vio a obligar otras vías para que su caso fuera investigado judicialmente.

El protocolo de la Polícia Nacional para este tipo de delitos exige a los agentes adoptar medidas para «atenuar, en lo posible, el daño causado» y evitar la «revictimización» […] desde el primer contacto de la víctima con la autoridad policial».

La sentencia considera que el agresor, de 31 años, abusó sexualmente o mostró sus genitales o se masturbó delante a partir de 2015 de, al menos, tres clientas, algunas menores de edad, que acudieron a su gabinete de tatuaje y piercing. Por todo esto, el juez lo condena por tres delitos de abusos sexuales en un fallo en el que destaca que «la versión de las víctimas es verosímil y contundente» frente a las justificaciones «parcas, contradictorias y, en ocasiones, hasta pueriles» del condenado. En este caso, la sentencia protege y da justicia a las víctimas. “No puede empezarse esta sentencia […] —destaca el magistrado en el fallo— sin dejar de poner de manifiesto un hecho realmente perjudicial para cualquier campaña de sensibilización social contra este tipo de comportamientos que perjudican de manera abrumadora a las mujeres como es que, incluso en el año 2018, momento en que ocurren los primeros hechos denunciados en este procedimiento, todavía en instancias oficiales, en este caso desde una Comisaría de Policía Nacional, se desmotive de tal manera a una víctima de un delito de contenido sexual hasta el punto de que esta tenga que buscar otras vías de apoyo para conseguir que su iniciativa tenga acogida judicial”. El juez considera que la actuación de los agentes pudo provocar que no se persiguieran los hechos.

El magistrado recoge que «la ineficacia inicial» de la policía fue subsanada una semana después por los agentes, pero para entonces se había perdido «una prueba importantísima», en referencia a la prenda de vestir. «Si un análisis científico determina que en el pantalón había semen toda excusa del acusado sería ociosa, hubiera evitado las declaraciones y sometimiento a cuestionamientos constante en su versión y, desde luego, hubiera facilitado la argumentación de que los hechos ocurrieron tal y como la cuenta la víctima».

Fuentes de la Policía Nacional admiten que la actuación de los agentes de la comisaría de Valladolid recogida en la sentencia es contraria al protocolo que deben seguir los agentes cuando asisten a una víctima de un delito sexual. Este documento policial insiste en que “desde el primer contacto con cualquier unidad de nuestra institución, es fundamental ofrecer a la víctima las máximas facilidades para el ejercicio y tutela de sus derechos, con la minoración de los trámites innecesarios que supongan una segunda victimización”. El protocolo recalca que los agentes deben dar a la víctima “una información y orientación eficaz de los derechos y servicios que le corresponden […] dándole un trato humano”. Estas mismas fuentes insisten que la atención a las víctimas de delitos sexuales es una prioridad del actual equipo del Ministerio del Interior y achacan lo sucedido en Valladolid a una mala praxis “puntual”.

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