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Un año más de impunidad corporativa global

Autor: Coordinadora de organizaciones para el desarrollo

Las negociaciones para crear un instrumento internacional vinculante que obligue a las empresas transnacionales a respetar los derechos humanos continúan su camino con luces y sombras. En medio de grandes incertidumbres mundiales, la sexta sesión de estas negociaciones comenzó en Nueva York el 26 de octubre de 2020. A la presión de la sociedad civil para exigir una negociación a la altura de un contexto marcado por la impunidad, este año el tratado cuenta con el respaldo de 300 parlamentarios y parlamentarias de todo el mundo, y de ciudades emblemáticas como Barcelona, Paris o Estrasburgo.

El primer día de negociaciones comenzó con declaraciones oficiales que señalaron la pandemia como una oportunidad para que los Estados regulen mejor las cadenas de suministro, para proteger los derechos humanos y el medio ambiente, y para fortalecer la sostenibilidad de las empresas que operan en un planeta con recursos limitados.

También recordaron que el tratado es necesario para mejorar la rendición de cuentas y el acceso a un recurso efectivo para las víctimas de abuso empresarial. Michel Bachellet – alta comisionada para los derechos humanos de la ONU –, reconoció la alta complejidad del proceso y la necesidad de iniciativas complementarias a nivel regional y nacional, en clara alusión a las iniciativas que se están desarrollando en algunos países y en la Unión Europea.

Las posiciones de los Estados son diversas. Algunos quieren avanzar, pero delimitando el alcance del tratado. Otros critican la falta de implicación de otros o consideran que se esconde detrás de los principios rectores de la ONU. Otros señalan su vaguedad e inviabilidad.

El tratado es necesario para mejorar la rendición de cuentas y el acceso a un recurso efectivo para las víctimas de abuso empresarial

La participación de la UE no supuso ninguna sorpresa: fue decepcionante. Incluso después de seis años, la UE todavía no tiene un mandato de negociación, a pesar de que el texto revisado aborda la mayoría de las preocupaciones planteadas anteriormente por la propia UE.

Derecho para los pueblos, obligaciones para las empresas  

La impunidad corporativa global es escandalosa. La semana pasada Fikile Ntshangase, lideresa comunitaria y activista ecologista fue tiroteada por oponerse a una mina de carbón a cielo abierto en Sudáfrica y defender Hluhluwe–Imfolozi, una de las reservas naturales más antiguas de África. Como recordaba la activista Keamogetswe Seipato, coordinadora de la campaña Desmantelar el Poder Corporativo en África, este continente ha sido utilizado como plataforma para la impunidad por las corporaciones extractivas, petroleras, energéticas y de la alimentación.

Otra empresa que está recientemente en el radar de la impunidad es la empresa petrolera francesa Total por la perforación de pozos que afectan a 100.000 personas en el parque natural de Murchison Falls en Uganda. La diferencia es que en Francia la ley de deber de vigilancia obliga a las multinacionales francesas a responsabilizarse globalmente de sus impactos en derechos humanos. No es el caso en España, donde un reciente estudio de Ecologistas en Acción mostraba las consecuencias ecocidas, climaticidas y de violación de los derechos humanos de la importación de soja brasileña desde nuestro país – segundo en Europa –. Más allá de las buenas intenciones de la reciente declaración del presidente Sánchez en Naciones Unidas, en la que señaló que «cada inversión, cada empresa y cada cadena de valor ha de ser un transmisor de inclusión, de empleo decente y de sostenibilidad”, la desregulación en materia de cumplimiento de derechos humanos por parte de las grandes corporaciones del IBEX es total lo que genera un vacío legal y una enorme falta de diligencia.

En la actualidad existen 3.400 tratados para proteger las inversiones internacionales de las grandes corporaciones y ninguno para regular el cumplimiento de los derechos humanos por su parte, – aunque algunas multinacionales en el caso europeo lo hayan solicitado recientemente.

Han pasado seis años de negociaciones desde que, en 2014, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobara la resolución presentada por Ecuador y Sudáfrica sobre empresas y derechos humanos. Entonces se establecía un grupo de trabajo intergubernamental con el mandato de “elaborar un instrumento internacional legalmente vinculante en derechos humanos para las corporaciones transnacionales y otras empresas”. La idea era superar el esquema de voluntariedad de los principios rectores de empresas y derechos humanos, que la realidad ha mostrado claramente insuficientes. La realidad es que menos de un 5% de las corporaciones globales tienen un compromiso claro en relación a los derechos humanos y el medio ambiente. Las consecuencias implican asesinatos extorsiones y destrucción de hábitats.

Los esfuerzos para lograr la A2030 deben venir de todos los ámbitos. No basta con logos, campañas, declaraciones o políticas internas. El cumplimiento de la Agenda 2030 exige decisiones que permitan que nos dotemos de este tipo de medidas internacionales. Después de seis años de promesas, no podemos esperar más: un tratado vinculante es más necesario que nunca; por coherencia y por defensa de la vida.

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