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Todos los Gobiernos deben de comprar a empresas sociales y medioambientales

El volumen de contratación del sector público en la Unión Europea representa en torno al 20% del PIB, es decir, casi una quinta parte del dinero que se mueve en la UE lo hace a través de los contratos administrativos.

El procedimiento por el que las Administraciones, como ejecutoras de las políticas públicas, adquieren bienes y contratan a empresas para proveernos de servicios básicos para nuestra calidad de vida como la educación, la sanidad, la vivienda, la ayuda a la dependencia, etc. incide en el modelo de desarrollo que tenemos.

Hasta el 2015 nada menos que el 75% de todo lo que el conjunto de las administraciones públicas compraban iban destinado a sólo 17 empresas, muchas de las cuales son las empresas más importantes del IBEX 35.

Esto significa que esas empresas son grandes y poderosas sobre todo gracias al Estado, es decir gracias a que las comunidades autónomas, ayuntamientos, diputaciones, cabildos, Gobierno de España, empresas públicas y Unión Europea le han comprado a esas empresas.

Y muchas de esas empresas gastan grandes sumas para bajar lo que pagan de impuestos, guardan parte del dinero en paraísos fiscales y critican la intervención del Estado en la economía. ¡Que hipocresía!.

La sociedad debe de exigir que la Compra Pública sea responsable, busque empresas proveedoras que favorezcan los intereses de la sociedad, en definitiva sean empresas mejores, con más responsabilidad social. Se debe de considerar que es mejor contratar a empresas si se dedican a actividades sostenibles,  si respetan la igualdad entre mujer y hombre, si garantizan el respeto de los Derechos Humanos, si parte de sus beneficios van destinados a ayudas sociales, o no invierten en paraísos fiscales. 

Si la totalidad o una parte de las Administraciones Públicas europeas decidieran apostar en su contratación por modelos productivos y de gestión empresarial basados en principios de la Economía Social y Solidaria, tales como las cooperativas, empresas de inserción o entidades sin ánimo de lucro. O al menos si fuesen empresas mercantiles capitalistas pero con políticas muy consolidadas de Responsabilidad Social Corporativa, se conseguiría:

1.- Una gestión de los servicios públicos más democrática e inclusiva, donde trabajadores y usuarios pudieran participar directamente en la definición de los servicios, corresponsabilizándose más con lo público. 

2.- Tendríamos un tejido empresarial más comprometido con la cohesión social incrementando las rentas de las personas trabajadoras. 

3.- Oportunidades laborales a colectivos en riesgo de exclusión, o en situación de exclusión.

4.- Una sociedad sostenible con una economía circular, en las que irían desapareciendo las actividades económicas contaminantes, destructivas del medio natural y generadoras del Cambio Climático.

5.- Una Europa más social, más cohesionada, más justa, con menos diferencias de riqueza y se podría lograr eliminar la pobreza.

La compra pública es  una forma de mejorar la sociedad, de redistribución de la riqueza.

Gracias a una Directiva Europea de 2014 se posibilita y obliga a considerar criterios sociales, éticos y ambientales en los procesos de contratación pública por lo que sólo está en manos de las Administraciones Públicas que ejerzan esta posibilidad y pongan sus contratos administrativos al servicio del bienestar social y el desarrollo sostenible.

Esa directiva nos ha impuesto en España una normativa que facilita la implantación de cláusulas sociales en la contratación pública o la aplicación de mercados reservados para empresas de inserción o centros especiales de empleo. Esto es solo un inicio para lograr el gran objetivo que la Compra Pública esté al servicio de una sociedad más cohesionada.

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