La sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 5 de Las Palmas de Gran Canaria reconoce el «derecho fundamental» de una embarazada a decidir entre parto natural o cesárea y condena a la sanidad canaria a indemnizar con un millón de euros a una madre cuyo parto gemelar fue prolongado durante 17 horas.
Los médicos del Hospital Materno Infantil de Las Palmas de Gran Canaria impusieron el parto natural a la madre sin respetar su derecho a decidir, lo que provocó lesiones cerebrales irreversibles a uno de los bebés. La sentencia considera que la mujer no fue informada adecuadamente de las circunstancias de su parto ni de las ventajas y desventajas del parto natural frente a la cesárea, y que los facultativos incurrieron en una «usurpación inadmisible de un derecho ajeno» que provocó un resultado terrible.
El juez defiende el derecho de la mujer embarazada a ser informada durante todo el proceso de gestación y hasta el momento del parto, y reprocha al Servicio Canario de Salud su concepción patriarcal de la mujer y su falta de respeto por su capacidad de autodeterminación.
La sentencia supone un hito en España al reconocer el derecho de la mujer a decidir sobre su propio parto y condenar la violencia obstétrica.