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¿Qué es la diligencia debida?

Autor: Manos Unidas

Hace casi una década, el 16 de junio de 2011, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas aprobó, en Ginebra, los «Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos». Su mensaje principal se sustenta en tres palabras: «proteger», «respetar», «reparar».

Bajo estos tres principios, si los Estados tienen la obligación de «proteger» y hacer respetar y cumplir los derechos humanos, las empresas tienen el deber de «respetar» estos derechos y cumplir las leyes pertinentes. Y, en aquellos casos en los que estos derechos sean violentados, las empresas tienen la obligación de «reparar» el daño causado e indemnizar a las personas afectadas.

Estos Principios Rectores se aplican a todos los Estados y a todas las empresas –incluyendo las transnacionales–, con independencia de su tamaño, sector, ubicación, propietarios y estructura. Los Estados firmantes acuerdan elaborar «planes nacionales» para promover el compromiso de las empresas con los derechos humanos. De hecho, estas tres grandes palabras –proteger, respetar y reparar– han permitido importantes avances en el diálogo entre los Estados y las compañías y han facilitado un compromiso, cada vez mayor y de un mayor número de empresas, con los derechos humanos y el cuidado del medio ambiente.

De este modo, cualquier empresa puede suscribir los Principios Rectores de Naciones Unidas, adoptar los Objetivos de Desarrollo Sostenible o sumarse a los 10 Principios del Pacto Mundial. Pero no existe ninguna obligación, jurídicamente vinculante, que exija a las empresas el respeto tanto de los derechos humanos como del medio ambiente, o su reparación cuando esta sea legítima y necesaria.

Citamos a título de ejemplo dos casos seguidos por Manos Unidas en los últimos años:

  1. El primero tuvo lugar en enero de 2019 en Brasil, en el estado de Minas Gerais, cuando el colapso de la presa de Brumadinho inundó la región con miles de metros cúbicos de aguas tóxicas provenientes de una mina. Con más de 250 muertos y un daño ambiental todavía en expansión, la empresa responsable se niega a indemnizar a las familias y a reparar los daños provocados.
  2. El segundo ejemplo lo tenemos en Yurimaguas, territorio indígena peruano en el que 22 comunidades se vieron afectadas en 2016 por una docena de vertidos de crudo en el oleoducto gestionado por la empresa estatal Petroperú. Dos años después de los derrames el agua está contaminada, el petróleo sigue descendiendo por el cauce del río y no se han construido los pozos prometidos para que las comunidades accedieran a agua limpia.

Diligencia debida vs. voluntarismo

Este es el motivo por el que, desde hace ya algún tiempo, se viene trabajando desde diversos ámbitos por una ley de «diligencia debida» que obligue jurídicamente a las empresas, procedan de donde procedan, a respetar los derechos humanos y ambientales, y a reparar el daño, cualquiera sea el lugar en el que éste se haya provocado.

Esta misma idea está presente en la Encíclica Laudato si’ cuando, al referirse al impacto ambiental de empresas trasnacionales en los países pobres, el papa Francisco dice: «Hacen falta marcos regulatorios globales que impongan obligaciones y que impidan acciones intolerables, como el hecho de que empresas o países poderosos expulsen a otros países residuos e industrias altamente contaminantes (LS 173)».

Actualmente, desde Manos Unidas seguimos trabajando en este proceso a tres niveles: en España trabajamos como parte del Observatorio para la Responsabilidad Social Corporativa para lograr la implantación de una ley española de diligencia debida, tal como ya se ha hecho en otros países de nuestro entorno. En Ginebra seguimos con interés las conversaciones de los Estados para instaurar un mecanismo jurídicamente vinculante para las compañías trasnacionales y el cumplimiento de los derechos humanos. Y, recientemente, seguimos la iniciativa nacida en el entorno de la Unión Europea para aprobar una ley para las empresas de todo el territorio de la Unión que regule su diligencia debida en cualquier lugar del mundo.

Asimismo, como parte de CIDSE, la red católica de organizaciones de desarrollo a la que pertenecemos, nos hemos unido a su iniciativa para promover que obispos de todo el mundo firmen en apoyo a un comunicado dirigido a la Unión Europea en el que se solicita el impulso de una ley de diligencia debida para las empresas europeas. En el texto, firmado por más de 110 obispos, algunos de ellos españoles, se lee:

«Instamos a todos los Estados a mantener sus promesas y obligaciones de acuerdo con el derecho internacional para proteger los derechos humanos frente a abusos corporativos. En este sentido, acogemos con beneplácito los resultados del estudio de la Comisión Europea anteriormente mencionado y el anuncio por parte del Comisionado de Justicia a favor de una legislación obligatoria y sólida. La legislación debe introducir la debida diligencia obligatoria en materia de derechos humanos y medio ambiente, en otras palabras, identificar, evaluar, detener, prevenir y mitigar los riesgos y las violaciones relacionados con el medio ambiente y los derechos humanos a lo largo de su cadena de suministro, así como mejorar de forma substancial las posibilidades que tienen las personas afectadas de exigir indemnizaciones en tribunales civiles nacionales».

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