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27 de marzo de 2023

Autor: Agencia Latinoamericana de Información (ALAI)

Desde hace algunas semanas se viene desarrollando en Venezuela una serie de protestas por aumentos salariales. Estas protestas suscitaron un debate al interior del gobierno sobre cómo posicionarse. Un análisis crítico sobre las posiciones que ha adoptado una parte de la izquierda.

Desde hace varias semanas, distintos sectores de la clase trabajadora venezolana se movilizan en varios estados del país exigiendo reivindicaciones salariales. La mayoría de estos sectores se encuentran asociados a la nómina pública nacional. Lo que ha generado nuevamente la reactivación del debate sobre el salario, tanto al interior del oficialismo gubernamental, así como también entre las amplias mayorías nacionales. Discusión que gira en torno a la dignificación de los ingresos de la clase obrera venezolana.

Posiciones

Como es costumbre, por lo menos desde el 2020, el debate genera un extraño fenómeno de polarización no solo política sino también ideológica. Es decir, la disputa no se desarrolla necesariamente desde las posiciones de izquierda o derecha sino desde posiciones de monetaristas ortodoxas y posiciones más heterodoxos, ambas posiciones inscritas dentro de los dos espectros políticos.

Por un lado, están quienes afirman y argumentan la imposibilidad, al menos por el momento, de la tan anhelada solución salarial para el sector público. Esta postura señala a las prácticas imperialistas de bloqueo y sanciones como las principales culpables de la situación de carestía, que ha generado los graves daños que sufren los ingresos del Estado.

Estos apologistas del bloqueo como causa de la crisis económica, asumen como evidente la necesidad de apretarse el cinturón en espera de que se generen nuevos recursos que permitan sostener en el tiempo una política salarial digna.

Estos mismos defensores de la gran “misión” de evangelizar con “la verdad”, también advierten sobre el terrible error que representa hacerle el juego al imperio, a la derecha, a la CIA, al Mosad y a los villanos antagonistas de “Súper Bigote”, al promover en los sectores involucrados una discusión y un debate abierto y fundamentado sobre las políticas económicas referentes al salario del trabajador venezolano. Después de todo, bajo la filosofía de la fortaleza sitiada, cualquier opinión adversa es una impensable traición.

Nosotros creemos que por respeto a los principios más profundos de solidaridad con los trabajadores no hay que caer en la trampa del chantaje, el beneplácito y las lisonjas de las versiones oficiales irrestrictas. Para ello, exigimos volver a los principios del protagonismo y la participación democrática del ejercicio político. Un principio que el movimiento bolivariano nos inculcó.

Quienes consideramos que la lucha de clases no es un cuento de hadas, sino el elemento más evidente de nuestras cotidianidades y quienes conocemos el costo de la “Pax económica” porque la vivimos y padecemos, nos vemos obligados a pronunciarnos. No desde la demagogia -como algunos señalan-, sino desde los propios hechos, o como dice uno de los promotores de la verdad financiera “desde el análisis concreto de la realidad concreta”.

“Después de todo, bajo la filosofía de la fortaleza sitiada, cualquier opinión adversa es una impensable traición”

Cuentas claras conservan amistades

Como comúnmente sucede, los especuladores de la verdad sostienen sus afirmaciones sin presentar datos. Solo asumen posiciones tecnócratas y oportunistas. Lo que demuestra lo escueto de sus pruebas.

En nuestro caso, queremos asumir el tema con mayor seriedad. Para lo cual, recurriremos a datos oficiales sobre algunos aspectos económicos que consideramos importantes al referirnos al debate salarial. Ya sean de la memoria y cuenta presentada por el presidente hace pocos días en la Asamblea Nacional, como de algunas series estadísticas del Banco Central de Venezuela (BCV) y de la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria).

Lo primero que quisiéramos dejar constancia es nuestro total y absoluto reconocimiento de los daños causados por el bloqueo a las arcas nacionales. No negamos los más de 230 mil millones de dólares en pérdidas que el bloqueo ha generado a PDVSA, o los más de 20 mil millones en activos que permanecen congelados en distintas cuentas y fondos internacionales que pertenecen a la república. Motivo por el cual, asumimos y militamos entusiastamente en la exigencia del cese del bloqueo y la devolución incondicional de los activos congelados.

Sin embargo, esta actitud de denuncia termina siendo estéril sin una pauta de resistencia y ofensiva ante la realidad. En este caso, es necesario partir del reconocimiento del inmenso esfuerzo que el gobierno ha ejecutado para superar las barreras comerciales impuestas al petróleo, nuestro principal rubro de exportación.

Por eso es necesario reconocer que en el 2022 los ingresos por petróleo casi sextuplicaron los del 2020. En aquel año de profunda desesperación, apenas se registró 743 millones de dólares por comercialización de hidrocarburos. Mientras que en el 2022 llegaron a superar los 4700 millones, ingresos casi similar a los registrados en 2018.

Este último dato es realmente resaltante, porque para finales de 2018 el sueldo mínimo alcanzó los 28 dólares y para finales de 2022 el sueldo mínimo cerró en 7 dólares. ¿Será porque los recursos se usan de forma distinta?

Por su parte, el esfuerzo dirigido a aumentar la recaudación fiscal por parte del Estado, también ha rendido frutos. En el 2022 la recaudación alcanzó los 4744 millones de dólares, triplicando prácticamente lo registrado en 2020, cuando apenas fueron de 1.571 millones de dólares. Curiosamente en enero de 2020 el sueldo mínimo era de 6.7 dólares, rivalizando con los 7 dólares del actual, esto a pesar de la gran diferencia en cuanto al volumen de entradas para el Estado entre ambos años.

Estos datos ameritan por lo menos un llamado de atención y una mayor profundidad y fundamentación en cuanto a la hipótesis de la falta de recursos señalada por los sacerdotes de la verdad. Acá también cabría exigir una mayor información sobre los recursos ingresados a la república por la venta de metales preciosos extraídos del arco minero, que no se desglosan con claridad en la memoria y cuenta del 2022.

“No negamos los más de 230 mil millones de dólares en pérdidas que el bloqueo ha generado a PDVSA, o los más de 20 mil millones en activos que permanecen congelados en distintas cuentas y fondos internacionales que pertenecen a la república”

De mismo modo, en la memoria y cuenta se echó de menos la información correspondiente a las ganancias por los múltiples convenios realizados bajo el amparo de la Ley Constitucional Antibloqueo para el Desarrollo Nacional y la Garantía de los Derechos Humanos. Esta última establece en su artículo N° 18 que “Los ingresos adicionales que se generen con ocasión de la aplicación de las disposiciones de esta Ley Constitucional, luego de costos, gastos, inversiones y recursos atados a la administración de pasivos, se registrarán separadamente dentro de las disponibilidades del tesoro nacional”. Lo cual ameritaría un desglose financiero específico. De esta manera, recalcamos la responsabilidad que pesa sobre el ejecutivo, referente a la creación de instancias que divulguen datos sobre los mecanismos legales utilizados en los distintos convenios firmados por la republica bajo esta ley, así como de los ingresos que el estado ha recibido gracias a ellas. Dichos mecanismos son inexistentes en la actualidad.

Algunos aspectos teóricos importantes

En el marco de las metas para el 2023 el presidente ha insistido en la necesidad de combatir la desigualdad económica. Desigualdad que, según las palabras de Maduro, también son causadas por el bloqueo y la guerra económica. Este último elemento está estrechamente vinculado con el régimen salarial y con la dinámica del ingreso.

Por definición, la desigualdad en el ámbito económico se traduce en una desigual participación en la distribución de la ganancia o de la riqueza. Lo que se combina con una dispar capacidad de captar la rentabilidad, lo que beneficia al capital por sobre el trabajo dentro del proceso de circulación y valorización. En resumidas cuentas, se trata de un acto visceral y formal de explotación en lo productivo, que implica una mayor participación del capital estable (maquinaria, capital, tecnología, etc.) que del variable (salarios).

Todas las anteriores son dinámicas sobredeterminadas, por lo tanto, no pueden dejar de cumplir su dinámica repetitiva de generación de desigualdad. No se puede simplemente confiar en el mercado, en los designios de un Dios proveedor o en el beneplácito complaciente de una burguesía revolucionaria para su disminución. Es una pugna de clases de lo que hablamos y como resultado, es la lucha de clases la única que puede romper dicha dinámica.

En este marco hay dos posibilidades de acción. La primera es la apropiación del proletariado de los medios de producción La segunda, la utilización de mecanismos del Estado liberal burgués para forzar una lucha indirecta o coyuntural contra la desigualdad. Como no queremos ser tildados de izquierdistas, radicales, desorientados o no pragmáticos, no nos detendremos en la primera posibilidad, sino que profundizaremos  en la segunda, aprovechando el reciente amor que ciertos dirigentes mantienen con el Estado liberal burgués o de bienestar.

Los Estados (incluyendo el venezolano) tienen algunas herramientas para afrontar la desigualdad, Las más comunes son los impuestos o las políticas fiscales y tributarias (en clases de macroeconomía nombran esto bajo el amigable nombre de «Teoría del Ingreso»). Estas políticas pueden ser progresivas, lo cual quiere decir que el estado genera una mayor captación fiscal  a través de impuestos a los sectores más pudientes para establecer una distribución entre los sectores más desfavorecidos. En este punto reforzamos la idea anterior de que estos mecanismos son indirectos o coyunturales contra la desigualdad, pero no garantizan su eliminación estructural.

Una distribución progresiva puede ser de forma directa- por medio de retribución o bonificaciones salariales- o indirecta por medio de la inversión social en salud, educación, vivienda, etc.

Por otra parte, también se pueden ejecutar políticas regresivas. Es decir, aquellas que van a generar una menor o nula captación de impuestos en las clases más pudientes de la población o las que reducen el gasto social in situ.

Cabe destacar que mientras mayor sea la desigualdad en una sociedad, más se hacen necesarias las políticas fiscales progresivas. No solo por una obligación moral, sino también (¡Y escuchen bien los empresarios!) por un asunto estratégico económico. La distribución considerablemente desigual del ingreso no permite la nivelación progresiva de los índices de productividad de los diferentes sectores de la economía, lo que constituye un hecho concomitante del desarrollo económico. O para utilizar términos marxistas, el proceso de producción necesita del consumo para desatar el proceso de valorización.

Entonces, más allá de la moralidad inherente en el principio de redistribución, existen serias razones estructurales dentro de la economía de mercado para generar una política fiscal progresiva.

Este preámbulo sobre el problema de la desigualdad es meritorio. Porque en mayor o menor medida la polémica salarial debe extenderse también al problema de la distribución de la riqueza social.

Un dato con respecto al problema regresivo de nuestras políticas fiscales es que, en promedio, el 50% de la recaudación fiscal se realiza mediante el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y menos del 30 % es fruto del Impuesto Sobre la Renta. A esto se suma el gran número de aranceles e impuesto exonerados al sector privado en los últimos años. Esto parece exceder el tema salarial, pero mostraré a continuación que es parte del mismo.

En el artículo 96 de la Ley Orgánica del Trabajo, se puede leer “La riqueza es un producto social, generado principalmente por los trabajadores y trabajadoras en el proceso social de trabajo. Su justa distribución debe garantizar una vida digna junto a su familia, cubriendo las necesidades materiales, sociales e intelectuales”, acá debe entenderse por justa redistribución no solo el salario nominal, sino también las garantías sociales ofrecidas por el Estado, como salud, educación y demás. Es probable que algún franco amigo se caiga de su asiento acusándonos de demagogos por pedir garantías sociales que no se pueden costear.

En ese caso también se debería acusar al presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Jorge Rodríguez, de demagogo cuando dice que con poco más de 3000 millones de dólares (mucho menos que la recaudación fiscal del 2022) se recuperarían 2300 escuelas de manera integral en el territorio nacional, se cumpliría con el plan de inmunización total de todos nuestros niños y niñas en el país, se obtendría medicamentos para la atención de 60 mil pacientes de cáncer y pacientes de VIH y SIDA, además de recuperar todo el sistema de radioterapia a nivel nacional, más 11 bancos de sangre, todos los hospitales maternos infantiles y, según este dirigente político, se aumentará la generación eléctrica en 465 megavatios.

Aunque parece un pliego para una campaña electoral, se trata de los objetivos propuestos para invertir en ellos los 3300 millones de dólares recuperados tras el diálogo entre oposición y oficialismo en México, pero uno se pregunta si todo eso se puede hacer con 3300 millones, imagínense lo que se pudo hacer con más de 4700 millones.

Seguir el ejemplo que los empresarios dieron

Uno esperaría que si se viene practicando una política regresiva en lo tributario y fiscal esa política se traduzca en una participación más activa del sector privado empresarial en la dinámica económica del país. Después de todo nuestra burguesía solo necesitaría un empujoncito por parte del Estado para convertirse en revolucionaria y patriota, ¿o no?

cierto es que esto no pasa. Según los datos efectuados por Conindustria, para finales de 2022 el 63% del sector industrial reconocía haber aumentado sus ventas entre el tercer trimestre del 2021 y el tercer trimestre de 2022. Sin embargo, más del 54% de las empresas también reconocía no haber aumentado sus inversiones, y casi el 23% admitía haberlas disminuido.

También el 68% de las empresas confesaba no haber aumentado la cantidad de trabajadores/as en sus medios de producción. Incluso el 10 % admitía haber disminuido su planta laboral.

Por último, según este estudio, el sector reconoció una inflación en los precios de sus productos en torno a un 120% durante los primeros 9 meses del año, pero a pesar de esto los salarios solo crecieron en el mismo periodo un 32%[4].

Es decir, los empresarios venezolanos no desean invertir a pesar de aumentar sus ventas, no crean empleos a pesar de sus ganancias, encarecen más sus productos y en términos reales pagan peores sueldos.

“El sector (empresarial) reconoció una inflación en los precios de sus productos en torno a un 120% durante los primeros 9 meses del año, pero a pesar de esto los salarios solo crecieron en el mismo periodo un 32%”

A pesar de que los ingresos del sector privado empresarial son mejores que los del sector público, las pruebas demuestran que se encuentran muy rezagados, incluso con respecto a su propio sector industrial en cuanto al costo de la producción. El trabajador industrial terminó entregando más plusvalía que antes y en muchos aspectos en peores condiciones.

Entonces, ¿qué hacer?

Lenin siempre recomendaba empezar por identificar qué dinámica de fuerzas existe, qué sujetos se movilizan y qué contradicciones se manifiestan. Es obvio que esta nueva “Pax económica” se ha sostenida gracias a la entrega sostenida de poder al empresariado, ya sea a través de mejores condiciones de acumulación o de la desaparición de cualquier tipo de restricción a sus negocios.

De esta manera, incluso el propio Estado se ha convertido en infractor de sus propias normas laborales, lo cual hace plausible un incremento en la escalada de fuerzas entre el sector obrero venezolano y esa nueva clase tecnócrata-empresarial que maneja las finanzas del país.

El sujeto movilizado en principio es el trabajador público, pero este puede llegar a arrastrar al obrero del sector privado también, debido a que en principio ambos son explotados a pesar de la diferencia de remuneración. Pueden ganar distintos salarios, pero la miseria y la desigualdad los vinculan.

Muchos compañeros se encuentran preocupados por la posibilidad, muy real, de que la derecha capitalice el honesto proceso reivindicativo de los trabajadores. Sin embargo, cabría la formulación de la siguiente pregunta: ¿Qué está haciendo la izquierda ante las movilizaciones? ¿Está generando politización o siquiera una política que encause el descontento? Al menos en gran parte de la izquierda gubernamental, en muchos aspectos la respuesta ha sido simplemente recurrir a la criminalización de la protesta o a desconocer la lucha.

Si la derecha capitaliza el descontento de los trabajadores no es necesariamente porque esté operando una conspiración a gran escala, es simplemente por nuestra inoperancia en cuanto al acompañamiento de las demandas populares en momentos apremiantes.

Si no entendemos que, como bien decía Rosa Luxemburgo, ante la confusión y el desconcierto, la audacia política es la única repuesta. Si no entendemos ese principio, seremos condenados a ser despedazados por las contradicciones de estos tiempos y no por la virtud de la derecha.

Este artículo plantea en definitiva colocar elementos de análisis para ser reflexionados en el marco del debate salarial, desde la dinámica y transparencia con que se manejan los datos financieros del país hasta la naturaleza de las nuevas estrategias financieras del ejecutivo. Todo en el marco de la revolución, siempre desde la necesaria crítica fundamentada y con el imperativo de desenmascarar el oportunismo. No cabe duda que hay que apoyar las movilizaciones y sus reivindicaciones, siempre con la premisa de acompañar las luchas obreras por la justa redistribución de la riqueza.

La lucha por un salario digno es más que una lucha. Es la condición esencial para sostener un modelo de país, una condición para la reconstrucción o profundización de una auténtica revolución, con premisas democráticas en lo económico y en lo social. Como el propio Chávez buscaba enfatizar al firmar el decreto que le daba rango de Ley a la LOTT, aquel 30 de abril del 2012: “Ninguna conquista de los trabajadores y trabajadoras ha ocurrido sin que haya habido un largo proceso de resistencia, de lucha y de sufrimientos, incluso”.

Fuente: Carlos Dürich

Enlace: https://www.alai.info/protestas-y-reivindicacion-salarial/

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