El Gobierno de Canarias ha impuesto durante esta legislatura 6 sanciones a los dueños de apartamentos de complejos turísticos, por usarlos como su casa o segunda residencia y no alquilarlos. Estas sanciones son las primeras de un conflicto legal que deriva de la Ley Turística de 2013.
Fuentes de la Consejería de Turismo han informado que se trata de los expedientes tramitados entre los años 2020, 2021 y 2022, cuyos protagonistas han recibido sanciones que van desde 2.253 a 9.015 euros por infracciones “muy graves” de la legislación de Canarias, que obliga desde 2013 a dedicar esos inmuebles al uso turístico establecido por el planeamiento, por más que el afectado invoque su derecho a la propiedad para intentar darle un uso residencial.
Según la Ley solo quedan exentos de esta obligación aquellos propietarios que puedan demostrar que hacen un uso residencial de su apartamento desde antes del año 2017.
La Plataforma de Afectados por la Ley Turística promueve la modificación de esta norma ya que consideran que genera una inseguridad jurídica y entienden que vulnera el derecho a la propiedad privada, además han presentado un recurso contencioso administrativo contra la Consejería afirmando que están dispuestos a llegar al Tribunal de Estrasburgo según su presidenta, María Isabel Doreste.
En opinión de Doreste, la Consejería está haciendo una “pseudoexpropiación” sin cobertura legal ni interés general que la justifiquen y, precisamente, por toda la inseguridad jurídica que al entender de la plataforma genera la ley turística de 2013, ha presentado al Parlamento de Canarias la iniciativa legislativa popular, que incluye las recomendaciones que el Defensor del Pueblo ha hecho al respecto, ha recalcado. El Defensor del Pueblo considera que la unidad de explotación constituye un requisito difícilmente sostenible por su impacto sobre el derecho de propiedad y la libertad de empresa de los particulares afectados y entiende recomendable su supresión como ya se hizo en las Islas Baleares.
En este artículo me gustaría lanzar dos preguntas como reflexión, ¿De verdad se considera de interés general que los canarios que residen en zonas turísticas no puedan tener un uso residencial en sus apartamentos? ¿Interés general para quien?
Autor: Borja Pacheco
