La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares ha llevado a cabo un juicio en el que un padre está acusado de agredir sexualmente a sus dos hijas menores y mostrarles contenido pornográfico. La fiscalía ha mantenido su solicitud de una pena de 27 años de prisión para el acusado. Sin embargo, la defensa argumenta la absolución basándose en la retractación de las niñas, quienes afirman haber denunciado a su padre bajo amenazas de la expareja del acusado. Se espera que la sentencia sea anunciada en las próximas semanas.
Durante el juicio, el acusado ha negado las acusaciones y las ha considerado una «barbaridad». Las dos niñas han declarado que denunciaron a su padre debido a las amenazas recibidas por parte de la expareja del acusado.
La madre ha explicado que las niñas denunciaron los hechos después de que ella misma sufriera una paliza por parte de la expareja de su exmarido. También han testificado técnicos y terapeutas que brindaron apoyo a las víctimas. Una de las técnicas ha cuestionado la retractación de las niñas, argumentando que no era creíble y que las niñas tenían conflictos emocionales no resueltos y deseaban volver con su padre. Por otro lado, otra técnica ha destacado la coherencia y credibilidad del testimonio de las niñas, afirmando que muchos de los detalles proporcionados solo podrían ser conocidos por menores que han sido víctimas de delitos similares.
En las conclusiones finales, la fiscalía ha mantenido su solicitud de una condena de 27 años de prisión, mientras que la defensa se ha basado en la retractación de las niñas y la falta de pruebas. Según el abogado, el acusado entregó sus dispositivos móviles a las autoridades y no se encontraron pruebas pornográficas en ellos. Según el relato del fiscal, el acusado aprovechaba los momentos en que se quedaba a solas con las niñas en el hogar familiar para abusar de ellas, utilizando tocamientos y mostrándoles material pornográfico bajo amenazas de hacerles daño o matar a su madre si lo revelaban.
Como medida cautelar, se ha prohibido al acusado acercarse a las menores a menos de 500 metros y comunicarse con ellas de cualquier manera. Además, se ha solicitado una indemnización de 25.000 euros para cada niña por los daños morales sufridos.
