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Pablo Iglesias llevará al Consejo de Ministros el Informe de Progreso 2020 con medidas tan necesarias como dar más atención a la dependencia y educación gratuita de 0 a 3 años

El vicepresidente presentará el martes el ‘Informe de Progreso 2020’, el primero sobre los seis meses de Gobierno y la gestión de la COVID-19

El vicepresidente segundo Pablo Iglesias presentará este martes ante el Consejo de Ministros el ‘Informe de Progreso 2020’, en el que se detallan las medidas implementadas para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible comprometidos en la Agenda 2030. El documento es también el primer informe del Gobierno sobre sus primeros seis meses y el primero en el que España rinde cuentas de su gestión de la pandemia de COVID-19.

Es, también, una suerte de plan de reconstrucción post-pandemia basado en los pilares de la Agenda 2030, de la que Iglesias es el máximo responsable, y que podrían resumirse en el fin de la pobreza, la reducción de las desigualdades, la transición ecológica y la protección del medioambiente para atajar la emergencia climática. En este sentido, el documento apuesta por una reindustrialización verde, en línea con el pacto alcanzado la semana pasada por el Gobierno con los agentes sociales, que abogaba por sentar las bases de una nueva economía más verde, digital e inclusiva.

Pero en este caso, el ‘Informe de Progreso 2020’ ahonda también en las necesidades asistenciales y de cuidados, sobre las que la pandemia de COVID-19 ha puesto el foco. Porque, según el documento, «la pandemia ha mostrado el efecto de los recortes en las estructuras de atención social y ha afectado enormemente a las casi inexistentes, y muchas veces informales, estructuras de cuidado y de conciliación«.

Con este documento, Iglesias llevará el martes al Consejo de Ministros la propuesta de su sistema estatal de cuidados. Un sistema con el que el vicepresidente de Derechos Sociales busca «extender y fortalecer el sistema de atención a la dependencia a través de la ampliación de la red pública de residencias, la atención domiciliaria y el aumento de la dotación de recursos de la Ley de Dependencia«, que permita dar cobertura a las 270.000 personas que, según cifras del Gobierno, tienen reconocida la prestación, pero que no están percibiendo los recursos que les corresponden.

El Gobierno abordará también la extensión de la red de escuelas de educación infantil en la etapa de 0 a 3 años, «una herramienta poderosa para luchar contra la pobreza y a favor de la equidad», indica el texto, que refleja que en 2018, el 29,5% de los niños, niñas y adolescentes españoles se encontraban en riesgo de pobreza y exclusión social. Una desigualdad que se traslada a la edad adulta, como consecuencia de la Transmisión Intergeneracional de Pobreza, y que también ha destapado la pandemia de la COVID-19, que ha dejado al descubierto las «dificultades que muchas familias han experimentado para que sus hijos e hijas pudieran continuar su formación a distancia» por falta de equipos, de acceso a internet o de un lugar adecuado en casa.

Otro eje del sistema estatal de cuidados impulsado por la vicepresidencia segunda tiene que ver con garantizar el derecho a cuidar en condiciones de igualdad, sin que ello «suponga una renuncia para las mujeres», que asumen mayoritariamente la carga de cuidados, «y que cuidar, sin que la sociedad los penalice, sea también un derecho de los hombres». Para ello, el Ejecutivo está trabajando ya en diferentes marcos normativos, como la Ley de Tiempo Corresponsable y la regulación del teletrabajo con perspectiva de género.

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