El Tribunal Supremo ha citado a un diputado del PP Alberto Casero Ávila, como investigado por diversos acuerdos y contratos de servicios que realizó cuando era alcalde del municipio de Trujillo durante 2017 y 2018. Este diputado fue alcalde de ese municipio de Cáceres durante 2011-2019.
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción elevó al Supremo la decisión de abrir causa a Alberto Casero, ya que habían datos que presuntamente determinaban que cuando fue alcalde de Trujillo realizó un delito continuado de prevaricación administrativa y de malversación.
Los contratos, acuerdo o convenios que firmó Alberto Casero (Diputado del PP) están bajo sospecha por no seguir el procedimiento administrativo previsto para este tipo de acciones, es decir, pagó diferentes cantidades sin comunicarlo al Ayuntamiento ni realizar los informes necesarios para ello. Ejemplo de ello, está la contratación de un psicólogo, contrato con la Cámara de Comercio de Perú, contratos de patrocinio, eventos, contratos de comunicación y promoción de actividades, etc.
Lo que se pretende con esta situación es que Casero aclaré los hechos. Lo malo, es que al ir como investigado no está obligado a decir la verdad y puede responder o no a las preguntas del instructor/a.
Los distintos tribunales independientemente de su jurisdicción deben seguir trabajando e investigando los casos de corrupción que hay en políticos/as para que de una vez por todas, no haya más casos de corrupción.
