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Organizaciones ecologistas denuncian la nueva legislación que regula el sector porcino español

Las organizaciones ecologistas Greenpeace, Ecologistas en Acción, WWF, SEO/Birdlife y Amigos de la Tierra, junto con Food & Water Action y la Coordinadora Estatal Stop Ganadería Industrial, rechazan el Real Decreto 306/2020, de 11 de febrero, por el que se establecen normas básicas de ordenación de las granjas porcinas intensivas y extensivas.

Denuncian la falta de participación de las organizaciones ecologistas y de la población afectada por la expansión de la ganadería industrial del porcino y además lamentan «la oportunidad perdida que supone este decreto para limitar y reordenar un sector que crece de manera exponencial».

«Desde hace años estas entidades mostramos nuestra preocupación por la situación descontrolada de la ganadería industrial de porcino en la geografía española, e instamos al Gobierno a tomar medidas urgentes, como ya han hecho otros países, ante los problemas ocasionados por este tipo de ganadería para el mundo rural, el medio ambiente y la salud de las personas», explicaron en un comunicado.

Impactos en el medioambiente

Este tipo de ganadería industrial tiene graves efectos en el medioambiente que contribuyen al cambio climático. Según indican los datos, España aumentó su cabaña porcina en más de cinco millones de animales entre 2013 y 2018 al mismo tiempo que incrementó un 60 % sus exportaciones de carne de cerdo. Dicho crecimiento exponencial está «imposibilitando que España cumpla con los límites de emisiones de amoniaco marcados por la legislación europea». La ganadería es responsable del 67 % de las emisiones de gases de efecto invernadero del sector agrícola, del cual un 22 % tiene su origen en el porcino.

Asimismo, tiene impactos peligrosos en la calidad del agua, que desembocan en «decenas de pueblos sin agua potable y contaminación de acuíferos por nitratos en las zonas de expansión de la industria».

Activistas de Greenpeace en la macrogranja de cerdos de Hellín (Albacete), la más contaminante de España. Fuente: Greenpeace

Además, «aunque el Real Decreto trata la necesaria gestión de los residuos y los purines, no establece mecanismos de control suficientes sobre su uso como abono orgánico en relación con su impacto sobre la biodiversidad«. Las «tímidas medidas» adoptadas por la legislación para limitar las emisiones de amoniaco, mejorar la gestión de los purines y regular las explotaciones industriales «no afrontan la urgente necesidad» de limitar el crecimiento y reordenar o incluso reducir el sector porcino industrial español. Esto último ya lo están haciendo en otros países de la Unión Europea que se enfrentan a la misma problemática.

Por otra parte, el fuerte incremento de la producción ha generado «una movilización sin precedentes en el medio rural con la creación de decenas de plataformas vecinales por todo el territorio en defensa de un mundo rural vivo articuladas en torno a la Coordinadora Estatal Stop Ganadería Industrial». Ante esto, el Gobierno español no da una respuesta.

Las mencionadas organizaciones ecologistas, consecuentemente, reclaman una moratoria a la aprobación de nuevas explotaciones ganaderas industriales, así como la ampliación de las ya existentes, y la apertura de un amplio debate social que involucre a todos los actores implicados para proceder a la «urgente reordenación del sector y la necesaria transición hacia un modelo de ganadería verdaderamente sostenible«.

Imagen: Greenpeace

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