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ONU: España suspende en lucha contra la pobreza y defensa de derechos humanos

Autor: coordinadora de organizaciones para el desarrollo.

Alston visitó España del 27 de enero al 7 de febrero de 2020, y encontró “niveles aterradores de pobreza y exclusión, políticas gubernamentales que no llegan a las personas que necesitan apoyo y niveles escandalosamente altos de desigualdad”. Según sus propias palabras, lo que más escuchó en su visita fue a personas que decían sentirse «abandonadas«.

Los datos hablan por si solos. Ya en 2018, el 26,1% de la población en España, y el 29,5 por ciento de los niños y niñas, se encontraban en riesgo de pobreza o exclusión social. Más del 55% experimentó algún grado de dificultad para llegar a fin de mes y el 5,4% sufrió privación material severa. La tasa de desempleo del 13,78% es más del doble de la que presenta la media de la UE, y ha sobrepasado el 30% para los menores de 25 años. El poco tiempo el impacto provocado por la pandemia hará que estos datos, ya alarmantes, se disparen.

“La pobreza en España está anclada en un sistema de protección social que está roto e insuficientemente financiado, en el que es imposible orientarse y que no llega a las personas que más lo necesitan”, dijo Alston. “La necesidad de reformas en profundidad ha quedado aún en mayor evidencia desde mi visita. El COVID-19 ha arrojado luz sobre las graves deficiencias en las políticas del gobierno central y las comunidades autónomas para combatir la pobreza, con millones de personas que no pueden trabajar sufriendo por retrasos en el pago de prestaciones, problemas técnicos y una asistencia inadecuada”.

Población especialmente afectada

“Algunos grupos se ven particularmente afectados por la pobreza en España. Las mujeres afrontan tasas más altas de pobreza y salen peor paradas en casi todos los indicadores del mercado laboral, mientras que casi un tercio de los niños y niñas viven en riesgo de pobreza o de exclusión social. Las comunidades gitanas sufren tasas de pobreza y desigualdad chocantes, así como una grave segregación de facto en el sistema educativo”.

Sus principales recomendaciones son: garantizar el ingreso mínimo vital y el acceso a la vivienda; recaudar suficientes impuestos para garantizar los derechos más básicos; fortalecer el sistema de protección social y reducir su burocracia.

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