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Obligaciones, alguna prohibición y reparto equitativo de alumnos: La nueva Ley de Educación

Autor: Amós García

La LOMLOE es la nueva ley de educación que quiere llevar a cabo el Gobierno, para revertir los cambios que se desarrollaron con la LOMCE, sobre todo privilegiando a los colegios concertados.

Los centros educativos privados sostenidos con fondos públicos se revuelven contra la LOMLOE han empezados diferentes campañas y concentraciones tanto en las diferentes redes sociales como en el Congreso para protestar en contra de esta ley ya que restringe sus derechos.

Entre los aspectos que más suspicacias han levantado, es el derecho a la educación “pública” y la demanda social, la libertad de elección y distribución del alumnado equitativo, la financiación y la segregación por sexos, y el control de las cuotas.

En cuanto al derecho a la educación “pública” y la demanda social, los sindicatos y asociaciones en defensa de los centros concertados afirman que el derecho a la educación pública no existe ya que el único derecho que hay es el derecho a la educación. Desde el Gobierno explican que la educación pública es un eje importante del sistema educativo, por lo que quieren crear nuevas plazas públicas y reducir los recortes producidos por la LOMCE.

En relación a la libertad de elección y distribución del alumnado equitativo, no quieren que las autoridades educativas determinen a dónde debe ir su hijo/a. Desde las fuentes parlamentarias avisan que esto es una manera de realizar un reparto más equitativo de alumnos/as entre los diferentes centros escolares.

En lo que respecta a la financiación, en los Presupuestos Generales del Estado va  aparecer una subida en  la financiación de la escuela concertada.

En cuanto al suelo público, la ley LOMLOE prohibirá ceder el suelo público para construir centros concertados y prohibirá dar conciertos a los centros que segreguen a su alumnado por sexo.

Y por último en lo que se refiere al control de las cuotas, la nueva ley pretende que si reciben fondos públicos deben actuar con centros públicos por lo que no deben cobrarles a las familias.

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