Nayib Bukele es el actual presidente de El Salvador y ha sido objeto de controversia por su política de cero tolerancia hacia las pandillas en el país. Una de las medidas más destacadas de su gobierno en este sentido ha sido la creación de «cárceles modelo» para pandilleros.
El traslado de 2.000 pandilleros a la cárcel de máxima seguridad construida por el Gobierno en tan solo siete meses ha generado una nueva ola de críticas de organizaciones de derechos humanos, que cuestionan la legalidad de las medidas tomadas por el presidente desde que decretó el estado de excepción en El Salvador como parte de su estrategia de seguridad. El Ejecutivo ha capturado a más de 60.000 pandilleros y cierra el cerco contra sus liderazgos, pero en el camino las autoridades han cometido fuertes violaciones a los derechos humanos. Un informe presentado a finales de enero por Human Rights Watch (HRW) revela que se han cometido “abusos a gran escala”, que incluyen hacinamiento extremo, violaciones del debido proceso, falta de garantías, detenciones masivas y muertes bajo custodia. “Miles de personas, incluidos cientos de menores, han sido detenidos y procesados por delitos definidos de manera amplia que violan las garantías básicas del debido proceso y socavan las perspectivas de justicia para las víctimas de la violencia de las pandillas”, denuncia el organismo de derechos humanos.
El mandatario salvadoreño, sin embargo, se ufana de haber bajado en 10 meses los altos índices de homicidios en su país. En su recuento de la cruzada personal que ha desatado contra las pandillas, Bukele ha celebrado un drástico descenso de los crímenes en enero y febrero, y ha bautizado a su país como “el más seguro de América”.
La estrategia es aplaudida por la mayoría de los salvadoreños y parece que la puesta en escena del traslado de prisiones ayuda a la imagen del mandatario. “Se trata de un Gobierno que hace gala de sus violaciones a los derechos humanos. Por supuesto que quienes cometen delitos graves hay que llevarlos ante la justicia, pero lo que ocurre acá es una política de seguridad pensada para la popularidad de presidente y a costa a los derechos humanos”, explica Juan Pappier subdirector en funciones de la División de las Américas de Human Rights Watch.
