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Muchas investigaciones contra el «honor» de la Corona acaban en nada

El código Penal español está desfasado y contempla el delito contra el honor de la Corona, una figura que nos acerca más a reinos autócratas como Arabia Saudí o Marruecos que a monarquías modernas y más democráticas (si es que una monarquía pudiera ser considerada como democrática) como Reino Unido o Suecia.

De tal forma que una opinión de cualquier ciudadano crítico contra el Rey o su familia podría suponer algunos años de prisión. POr eso importantes juristas han opinado que esto no tiene base en el contexto democrático europeo. La doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sostiene que si bien la legislación puede proteger la figura del jefe del Estado, no puede hacerlo hasta el extremo de reducir la libertad de expresión. Además este tribunal en varias sentencias sobre España, ha señalado que «una mayor protección otorgada por una ley especial respecto de las ofensas», como es el caso, no se ajusta al «espíritu» del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Más claro no se puede decir. Sin embargo, los medios tradicionales de comunicación silencian el hecho.

Pues según informa Infolibre.es sólo en 2018, los últimos datos disponibles en las memorias anuales del Ministerio Público, la Fiscalía incoó 32 diligencias de investigación centradas en el delito de injurias contra la Corona, si bien todas ellas terminaron archivándose. Se puede vislumbrar la contradicción en la que se entra en la normativa española entre la normativa anticuada que nos acosa y las tendencias de consolidar un ordenamiento jurídico que respete la libertad de expresión.

Tanto la normativa española como la de cualquier país democrático defiende el derecho al honor de cualquier ciudadano cuando es insultado o vejado por otro u otros. Afortunadamente es así. Sin embargo, nuestro Código Penal va más allá y si se atenta contra la Corona las penas son más severas, existiendo un tratamiento especial de protección a estos ciudadanos, violando así el principio de la igualdad ante la Ley de todos los ciudadanos que se consagró desde el establecimiento del régimen liberal y constitucional después de la Revolución Francesa, que decidió romper con los Privilegios feudales de la Nobleza (y del rey a la cabeza de ese estamento) al considerarlos muy por encima del resto de las personas.

Ahora que Juan Carlos I está huido y que su comportamiento no parece el más ético, parece razonable que el Parlamento cambie esta obsoleta norma.

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