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Martinell: “La sociedad tiene una deuda con la cultura por su contribución a la crisis del Covid-19 que debe ser resarcida”

  • Beatriz Barreiro, doctora en Derechos Humanos: “La participación en la vida cultural debe estar al alcance financiero de todos los ciudadanos, para hacerlo en condiciones de igualdad”
  • María Camino Barcenilla, jefa de Recursos del Gobierno de Navarra: “Nuestra Ley de Derechos Culturales, aprobada sin votos en contra, contó con la implicación de asociaciones y particulares”

La Fundación Alternativas organizó este lunes la presentación online de un documento titulado ‘Los derechos culturales: Hacia una nueva generación de políticas públicas’, de Alfons Martinell, director honorífico de la Cátedra UNESCO de Políticas Culturales de la Universidad de Girona; y Beatriz Barreiro, doctora en Derechos Humanos y profesora titular de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la URJC. El informe analiza la situación de los modelos clásicos de políticas culturales, que se encuentran en dificultades de sustentación y son criticados por amplios sectores sociales. En este contexto se percibe la necesidad de un esfuerzo para una mayor adaptación de las políticas culturales nacionales, regionales y locales a un enfoque más proactivo en clave de los derechos humanos y culturales. Una de las propuestas más destacadas se centró en proponer un diferente papel del Estado en el marco de un nuevo contrato social para la cultura, en sintonía con las nuevas aportaciones conceptuales de la comunidad internacional, que inciden en la construcción de un marco de referencia para las políticas culturales en base a los derechos culturales. El debate contó con la moderación de Inma Ballesteros, directora de Cultura y Comunicación de la Fundación Alternativas.

Martinell aclaró que el informe responde a la pregunta de “por qué los derechos culturales son tan poco conocidos y reclamados en nuestro ordenamiento de políticas públicas”. A su juicio, se trata de garantizar, en base a un derecho reconocido por la comunidad internacional, “el derecho de los ciudadanos a participar en la vida cultural, porque la cultura, en todas sus dimensiones, es un derecho universal”. Las políticas públicas han de cubrir unos “servicios básicos” a través de las diferentes administraciones, pero en este momento, en España, casi el 70% del gasto público en cultura lo realizan las “administraciones locales”, sin obligación normativa a hacerlo, porque ven la “necesidad que las ciudades tienen de cultura”, y las autonomías han creado modelo de políticas culturales de “Estado-nación”, con equipamientos “de país” en cada una de las 17 autonomías -pinacotecas, bibliotecas regionales, etc- que no corresponde a la “realidad actual” y que ha generado un “gasto público descontrolado”.

Barreiro explicó que el objetivo del documento es el de analizar un modelo de políticas públicas culturales que lleva “muchas décadas” siendo el mismo, y se trata de un “recurso muy útil” para inspirar un cambio es el “derecho internacional de los derechos humanos” y, en concreto, en un tratado internacional como es el “pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales”. En 2009, el comité que supervisa el cumplimiento de este pacto, al que España está vinculada, emite un informe que explica en detalle en qué consiste el derecho a participar en la vida cultural, “que nos ha inspirado en nuestro estudio y que confiamos en que también inspire las políticas públicas” venideras. Aquel informe proporciona herramientas muy concretas, como que “el derecho a participar en la vida cultural debe estar al alcance financiero de todos los ciudadanos, para hacerlo en condiciones de igualdad”.  

Según Martinell, la cultura es un “servicio esencial”, pero nuestra sociedad no ha sido capaz de definirlo como tal, y durante el confinamiento del Covid-19 ha sido un “elemento importante para soportarlo”. Lo que ha demostrado esta crisis es que la vida cultural, privada y colectiva es “básica para soportar situaciones de gravedad, y la sociedad tiene una deuda con la cultura, y espero que en la recuperación se sepan adoptar medidas para que el sector cultural, que ha aportado mucho más a la colectividad que otros, reciba el resarcimiento que se merece”.

Para Barreiro, ante crisis como la del coronavirus, los Estados están “obligados” a hacer recortes, pero el derecho internacional establece un “procedimiento” para asegurar que el contenido esencial de los derechos humanos sea “respetado”. España, por su parte, debe realizar un “estudio de impacto” sobre cómo los recortes afectan a las poblaciones más vulnerables, así como al conjunto de los derechos humanos. Sobre este punto, la experta puntualizó que España “es uno de los pocos Estados que ha asumido un mecanismo muy particular en el que los ciudadanos pueden enviar una comunicación individual al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales para examinar la posible violación de un derecho”.

Entre las medidas necesarias para implantar una nueva generación de políticas públicas, Martinell apuntó a la creación de unos “servicios mínimos, como se ha planteado en Francia”. El profesor mostró su sorpresa por el hecho de que España no tenga una “ley de cultura” tras más de cuarenta años de Constitución democrática, y sostuvo que la situación se “atomizado” al no haber un “marco de referencia”. Los municipios, que son los “grandes generadores” de cultura, no tienen una “norma”, y el patrocinio “no va a solucionarlo todo”. “Estaríamos muy contentos de que nuestro informe hiciera dudar a los legisladores a la hora de crear la ley; lo más importante es generar un estado de opinión y que las distintas ideologías puedan coincidir para que la cultura no se convierta en un arma arrojadiza entre grupos políticos”, matizó Martinell.

María Camino Barcenilla, jefa de Sección de Recursos y Desarrollo Estratégico del Gobierno de Navarra, comentó que llevan “varios años” trabajando en “política cultural directa e indirecta”, para crear marcos normativos que permitan generar “procesos participativos en base al territorio y a la diversidad cultural”. Navarra fue “pionera” en la Ley de Mecenazgo Cultural de 2014, y la Ley Foral de Derechos Culturales, aprobada en 2019, fue un “proceso muy interesante” porque contó con la “participación social” para su configuración, con reuniones con distintas asociaciones y particulares, y fue aprobada por el Parlamento de Navarra sin votos en contra. También se llevó a cabo un trabajo previo de análisis de las “conferencias internacionales de México o Venecia”, y de “textos legales y de políticas culturales”.

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