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Madres ‘invisibles’: las víctimas no contabilizadas de la violencia estatal

Autor: Open Democracy

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odos los días, desde el 6 de mayo de 2021, Sandra Gomes dos Santos espera por un sonido familiar: el portón de entrada abriéndose y la llamada: “¡Madre, estoy aquí!”. Cada mañana desde ese fatídico día, Adriana Santana de Araújo se encuentra mirando el teléfono, esperando un mensaje de “buenos días” de su hijo.

Ambas mujeres esperan en vano. Sus hijos están entre las 28 víctimas mortales de la operación policial más mortífera en la historia del estado de Río de Janeiro. Policías fuertemente armados allanaron Jacarézinho, una de las favelas más grandes de Río, en busca de narcotraficantes. El ataque tuvo lugar pocos días antes del Día de la Madre. Santos y Araújo fueron solo dos de las muchas madres que pasaron el Día de la Madre enterrando a sus hijos.

Y eso fue solo el principio. También tienen que lidiar con el estresante negocio de continuar con la vida. “Tenemos que sobrevivir todos los días”, dijo Araújo, mientras Santos asentía. Nuestra entrevista tuvo lugar en una escuela de samba, a pocos metros de la entrada de Jacarézinho. Santos, que todavía vive aquí porque no tiene condiciones de alquilar nada en ningún otro lado, vive con el miedo constante a la policía que merodea por los alrededores. Los agentes pertenecen a Cidade Integrada, un programa que mantiene a los policías permanentemente apostados dentro de las favelas, supuestamente para proteger a los residentes de la explotación financiera de las pandillas. Pero algunos de esos policías de Jacarézinho hicieron parte de la operación en la que fue asesinado el hijo de Santos.

Muchas de las madres en duelo sufren de ansiedad y depresión. Araújo no puede llorar la muerte de su hijo mayor porque la consume la preocupación de que el menor también sea llevado de la misma manera.

Las mujeres reciben poca o ninguna compasión por sus pérdidas. Al contrario, son vilipendiados. “¿Sabes cómo nos llamaron?”, pregunta Araújo. “¿Sabes cómo nos llamaban? De útero y depósito de pandilleros. No, no soy un depósito ni un útero que produce criminales”, contesta.

Las madres de las víctimas de Jacarézinho son en gran medida invisibles para el Estado brasileño. Sus hijos, víctimas directas de la violencia estatal, figuran en las estadísticas, pero no se contabilizan las madres, padres, hijos e hijas que quedan. Los familiares de las víctimas llevan profundas cicatrices que la mayoría de las veces pasan desapercibidas.

“Hay mucho sufrimiento que se produce por la pérdida de sus seres queridos, entonces tener hijos, parejas, parientes varones hermanos, hombres que son asesinados, en esta lógica de violencia por parte de los grupos armados, es un sufrimiento que afecta muy directamente a las mujeres”, dice José Claudio Souza Alves, especialista en seguridad pública y profesor de la Universidad Federal Rural de Río de Janeiro (UFRRJ). “Estas mujeres se enferman y terminan muriendo”.

Esta afirmación no es una exageración. Jozelita de Souza murió en 2016, siete meses después del asesinato de su hijo Roberto en Costa Barros, otro barrio pobre de Río de Janeiro. Cuatro agentes de policía dispararon más de 100 balas contra un coche en el que el joven de 16 años, que iba desarmado, estaba con cuatro amigos. Más tarde se reveló que la policía trató de hacer que la masacre pareciera defensa propia. Los médicos determinaron que la causa de la muerte de Jozelita fue una falla cardiorrespiratoria, pero como describió un informe local en ese momento: «Ella no pudo soportar la muerte de su hijo… la peluquera murió de tristeza».

Las operaciones policiales violentas no son nada nuevo en Brasil y, más particularmente, en Río de Janeiro. Según datos recopilados por la ONG Foro Brasileño de Seguridad Pública, 6.416 personas murieron a manos de la policía brasileña en 2020. En el estado de Río, hubo 1.245 en el mismo año, según datos de la Red de Observatorios de Seguridad. Entre 2013 y 2020, los asesinatos policiales casi se triplicaron.

Alves argumenta que Río de Janeiro está marcado por la “política criminal”, en la que los grupos armados prosperan como resultado de su relación directa con el Estado. En nombre de la “guerra contra las drogas”, la policía realiza operativos en las favelas controladas por el narcotráfico. Desde hace mucho tiempo, expertos señalan que esta estrategia no resuelve el problema, ya que los muertos y presos en las favelas, en su mayoría, pertenecen a la parte inferior de la jerarquía del tráfico. Además, las operaciones policiales también pueden llevar a un cambio de manos, cuando un grupo rival toma el control de un territorio controlado por otra facción o grupo narcotraficante, agravando así el conflicto y la violencia.

El modus operandi de estas operaciones, sin embargo, es de aniquilamiento: equipos de operaciones especiales, equipados como si fueran a la guerra, invaden comunidades en vehículos militares en busca de sospechosos.

Estos barrios densamente poblados son tratados como laboratorios de iniciativas de seguridad pública, muchas de las cuales han fracasado en el pasado. La prueba del gobierno estatal de Cidade Integrada en Jacarézinho es un ejemplo. El programa actual está inspirado en las Unidades de Policía Pacificadora (UPP), que fueron pioneras en la colocación de unidades policiales en las favelas de Río hace 14 años.

Sin embargo, la presencia policial ha creado un estado de guerra permanente, que va en aumento a medida que ambos bandos adquieren armas más poderosas y letales. Dani Monteiro, representante estatal de Río de Janeiro, explicó: “Siempre escucho de los agentes de seguridad pública: ‘Compramos rifles porque mientras los delincuentes tenían rifles, nosotros teníamos pistolas. Así que ellos tenían rifles y nosotros compramos rifles. Pero un día aparecieron con 762s [un rifle más potente]. Así que también compramos 762s, pero después aparecieron con ametralladoras de largo alcance, así que tuvimos que comprarlas también’.”

Los expertos sugieren que el creciente número de armas en manos de civiles tiende a producir un estado cada vez más intenso de guerra permanente en las favelas de Río. Este es el resultado de los cambios políticos que surgen de la agenda pro-armas del presidente Jair Bolsonaro. Desde que asumió el cargo el 1 de enero de 2019, Bolsonaro ha introducido más de 30 cambios legales que facilitan el acceso de civiles a las armas de fuego. Pero la relajación de los mecanismos de control de acceso facilita el desvío de armas a los grupos del crimen organizado.

“El gobierno federal, en la figura de Bolsonaro, argumenta que las políticas pro armas ayudarán a los ciudadanos a combatir el crimen, pero es el crimen el que se está beneficiando de estas políticas”, explicó Cecília Olliveira, periodista, experta en seguridad pública y directora ejecutiva de la base de datos colaborativa digital Fogo Cruzado. La iniciativa recopila datos sobre la violencia armada en Río de Janeiro y Recife. Agrega que un acceso más fácil a las armas ha ido acompañado de una relajación del control y la supervisión, sin la correspondiente ampliación de la capacidad policial para investigar los delitos con armas.

En su decisión de abril de 2021 de suspender partes de los decretos presidenciales para ampliar el acceso a las armas, la ministra del Supremo Tribunal Federal (STF), Rosa Weber, citó que el 55% de todas las armas de fuego incautadas a delincuentes se obtuvieron legalmente antes de ser robadas o vendidas ilegalmente. Los datos son de acuerdo con la CPI de las Armas, una comisión parlamentaria del Congreso que investigó el tráfico de armas en 2006.

Alves, de la UFRRJ, calificó el resultado de la facilidad de acceso como “una expansión de armas, lo que, a su vez, instaura una lógica de inseguridad. Los grupos se armarán para autoprotección o para obtener ganancias”. Agregó: “Se amplía la justificación del uso de armas, porque es una zona de conflagración. Y en zonas de conflicto, la lógica es la autoprotección armada”.

La justificación policial del operativo del 6 de mayo de 2021 en Jacarézinho es un ejemplo de esta mentalidad de “zona de guerra”. Según la policía, la operación formaba parte de una investigación sobre el reclutamiento de menores por parte de grupos narcotraficantes. Pero muchas de las familias de las víctimas dicen que sus hijos eran inocentes. En otros casos, como el del hijo de Araújo, el mototaxista Marlon Santana de Araújo, las víctimas tenían una participación mínima como varejistas, jerga utilizada para referirse a personas en el nivel más bajo de la jerarquía del narcotráfico, explicó la madre. También cree que Marlon fue una víctima porque, como joven negro de una favela, sufrió de racismo estructural que lo excluyó de muchas oportunidades.

Las estadísticas de muertes a manos de la policía apuntan a un claro sesgo racial. En 2020, según datos compilados por el Foro Brasileño de Seguridad Pública (FBSP), una ONG que actúa en el área de seguridad pública, el 78,9% de todas las víctimas de intervención policial en Brasil eran negros, número que se ha mantenido constante durante décadas. Según el FBSP, esto demuestra “el déficit de derechos fundamentales al que está sujeta la población negra del país”.

Y los jóvenes negros detenidos por delitos menores siempre corren el riesgo de perderse para siempre, transformados tanto por la violencia a la que están sujetos como por la exposición a las redes del crimen organizado que operan dentro de las cárceles brasileñas.

La activista de derechos humanos de Río, Mónica Cunha, lo vivió en primera mano con su hijo Rafael. Detenido a los 15 años, pasó cinco años en un centro correccional para menores. Nunca volvió a ser el mismo. “Vi a Rafael cambiar, vi cómo entró en el sistema y en lo qué se convirtió”, recuerda. “El 5 de diciembre de 2006, cuando tiraron el cuerpo de Rafael en el suelo con un tiro de fusil, ese Rafael ya no era Rafael. Se transformó en esos cinco años dentro de ese sistema”.

Más tarde, Cunha fundó Movimento Moleque, una ONG que ayuda a organizar a las madres de las víctimas de la violencia estatal. También las insta a no dejar que la gente llame criminales a sus hijos muertos. “Yo no hice un cheque en blanco para que nadie hablara de Rafael”, dice. “La única que puede hablar de Rafael soy yo. Yo que di a luz, sé lo que fue criarlo, sé lo que fue amamantarlo, yo vi cuando empezó a transformarse, así que nadie tiene que hablar de mi hijo. Esto es lo que les digo a estas mujeres: ‘No dejen que nadie diga que su hijo es un bandido, porque no lo es, nunca ha sido. Puede ser un varejista, porque todo lo que tenemos aquí [en la favela] es varejista, pero no bandidos”.

Tras la operación en Jacarézinho, Bolsonaro se lanzó a Twitter para difamar a los familiares en duelo y felicitar a la policía por matar a «narcotraficantes que roban, matan y destruyen familias». En el momento de su declaración, aún no se había iniciado la investigación policial sobre la verdadera implicación de los fallecidos en actividades delictivas. El presidente también posó para una foto con un cartel en el que se leía «CPF cancelado», expresión utilizada para referirse a personas muertas en operaciones policiales.

El número de madres en duelo y familiares de víctimas de la violencia estatal sigue creciendo. En mayo, un año después del operativo policial en Jacarézinho, otro operativo policial dejó 23 muertos en Vila Cruzeiro, una favela del norte de Río.

Mientras tanto, las afligidas madres de Jacarézinho continúan acosadas por la inacción de las autoridades. El Ministerio Público (MP) archivó investigaciones sobre 24 de los asesinatos, acusando a la policía de homicidio y manipulación de pruebas en solo tres de las muertes. El caso de Matheus, hijo de Santos, es uno de los que se han archivado. Ella dice que estaba sentado, desarmado, en una silla de plástico mientras sufría un ataque epiléptico cuando le dispararon. “No tenía drogas con él y lo mataron de todos modos”, dice.

Olliveira, de Fogo Cruzado, dice que el Ministerio Público debe responsabilizar a la policía. “Son responsables de supervisar las acciones de la policía. La omisión del Ministerio Público significa mantener el statu quo de una policía que mata y muere mucho, y en este caso, mata más que muere”, argumenta.

De hecho, agregó, GAESP, una unidad del MP destinada a supervisar las acciones policiales, había perdido personal y recursos, lo que resultó en una acumulación de casos pendientes de investigación.

El ataque a Jacarézinho fue un caso atípico, en cierto modo. El caso atrajo la atención nacional e internacional e incluso dio lugar a una investigación. Muchas víctimas de la violencia armada nunca investigan sus muertes. Peor aún, sus cuerpos nunca se encuentran. Esta carga luego se transfiere a las familias de las víctimas, generalmente mujeres, según Adriano de Araújo, sociólogo y coordinador del Foro Grita Baixada, un movimiento social que lucha por los derechos humanos, la seguridad pública y la justicia en la Baixada Fluminense, región en el área metropolitana de la ciudad de Río de Janeiro.

“Suelen ser las mujeres las que se implican en el proceso de búsqueda, las que van a los hospitales, a las morgues, ponen carteles en las calles, hacen rondas con sus amigas para tratar de encontrarlos, son las que van a las boca de fumo, detrás de los narcotraficantes, de los milicianos”, dice. “Se duplica la violencia, porque además de no saber dónde está su nieto, hijo, hermano, tienen que escuchar que fueron negligentes, que no fueron buenas madres, que no fueron buenas esposas, que dejaron a sus hijos abandonados.”

La culpa y la vergüenza contribuyen al sufrimiento de las mujeres. Muchas de ellas ya sufren de problemas de salud previos debido a la falta de atención médica. “Dejan de cuidarse, dejan de ir al médico, se olvidan de tomar su medicina porque se involucran emocionalmente con la búsqueda”, dice Araújo.

También sufren la carga financiera adicional de perder una fuente de ingresos, lo que marca la diferencia para las familias donde la mujer ya es el principal proveedor.

Un año después de la operación de Jacarézinho, la herida sigue abierta. Cada vez que hay un intento de cicatrización, la herida se abre de nuevo. El 11 de mayo de 2022, menos de una semana después del primer aniversario de la masacre, un sencillo memorial erigido por familiares de víctimas y otros residentes de la favela fue destruido por la policía. En una escena cargada de simbolismo, la pequeña placa conmemorativa con los nombres de todas las víctimas fue derribada por un Caveirão, como es conocido popularmente el vehículo blindado utilizado por la Policía Militar del Estado de Río de Janeiro. “Ninguna muerte debe ser olvidada; ninguna masacre debe ser normalizada”, decía la placa.

“Memoriales como los de Jacarézinho son prueba de vida. Es una manifestación de la esperanza de que la brutalidad y la arbitrariedad sean recordadas para que nunca más se repitan”, escribió la destacada periodista Flávia Oliveira en su columna en el diario O Globo tras la destrucción del memorial. “Todo esto fue arrancado a los familiares de los muertos en la masacre por el mismo poder público que la provocó”, agregó.

Mientras tanto, las madres de las víctimas de Jacarézinho y otras víctimas de la violencia policial están haciendo todo lo posible para evitar que el Estado reescriba o borre la historia. En Río de Janeiro y en otras partes de Brasil, colectivos y grupos de madres y familias de víctimas de la violencia estatal sirven como redes de apoyo y también como memoriales vivos de las vidas de los jóvenes perdidos.

Cunha, del Movimento Moleque, dice que las madres tienen una inspiración: las madres de Acari. Estas mujeres de la favela de Acari, en Río de Janeiro, se embarcaron en una misión para revelar las circunstancias del secuestro y asesinato de 11 adolescentes por la policía en julio de 1990. “Son una brújula para nosotras”, dice Cunha. «Mujeres que nos hacen ver que no podemos parar».

Para estas madres, el duelo y la memoria son territorios en disputa, pero por los que siguen luchando. Para el Estado, son invisibles: daño colateral de la violencia armada. Pero la una para la otra, son faros en la oscuridad.

Imagen extraída de: Pressenza

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