El repunte de feminicidios es una realidad innegable en la actualidad. Cada día, mujeres en todo el mundo son víctimas de violencia de género, sufriendo agresiones físicas, sexuales y psicológicas que, en muchos casos, terminan en su asesinato. Sin embargo, a pesar de las estadísticas alarmantes y los llamados de atención de diversas organizaciones feministas, este problema sigue sin recibir la atención política que merece.
Los partidos políticos, encargados de representar los intereses y las necesidades de la sociedad, parecen haber relegado la lucha contra la violencia machista a un segundo plano. En lugar de abordar este tema de manera integral y priorizar políticas efectivas para combatir la violencia de género, se observa una falta de voluntad política y una preocupante indiferencia hacia la problemática.
La violencia machista es un problema estructural y arraigado en nuestras sociedades, por lo que su combate requiere de una respuesta política sólida y comprometida. Es fundamental que los partidos políticos asuman su responsabilidad en la lucha contra la violencia de género y adopten medidas concretas para prevenirla, sancionarla y erradicarla.
Entre las acciones necesarias se encuentran la implementación de políticas públicas que promuevan la igualdad de género, la sensibilización de la sociedad en torno a la violencia machista, la capacitación de profesionales para la atención a las víctimas, la mejora de los sistemas de denuncia y protección, y la asignación de recursos adecuados para garantizar su efectiva implementación.
La omisión política en la lucha contra la violencia machista tiene graves consecuencias para las mujeres y para la sociedad en su conjunto. La falta de acciones contundentes por parte de los partidos políticos perpetúa la impunidad de los agresores, perpetúa los estereotipos de género y contribuye a la normalización de la violencia contra las mujeres.
Además, esta falta de atención política envía un mensaje claro de desinterés y desvalorización hacia las mujeres y sus derechos, lo cual impacta negativamente en su empoderamiento y en la construcción de sociedades más justas e igualitarias.
