Varios de los grupos parlamentarios que habitualmente apoyan las medidas del Gobierno en el Congreso, han mostrado su rechazo a aprobar la reforma laboral pactada entre los sindicatos UGT y CCOO, la patronal y el ejecutivo si no se le realizan cambios en profundidad a ésta durante el trámite parlamentario.
Dos de las formaciones más críticas han sido EH-Bildu y el PNV, para quienes el diálogo social carece de legitimidad al firmarse con dos centrales sindicales que son minoritarias en Euskadi. Ambas formaciones han solicitado que se dé prevalencia a los convenios autonómicos sobre los estatales, particularidad que no se contempla en el proyecto de reforma laboral.
Otras formaciones del llamado “bloque de la investidura” que se han mostrado críticas con el texto emanado del acuerdo han sido ERC, Más País y Compromís, para quienes es necesario abordar algunas reformas en mayor profundidad.
Ante este escenario, Ciudadanos intenta volver a convertirse en fuerza política relevante y ha anunciado su posible apoyo a la reforma con el argumento de que “Es una alegría que se haya llegado a un acuerdo, siempre hemos reclamado que cualquier reforma laboral se llevara al efecto con acuerdo de los agentes sociales”, según declaraciones de Edmundo Bal.
Esta fórmula de pactos de geometría variable, contrapuesta a la de la estabilidad del bloque de la investidura, es la fórmula preferida por el PSOE para llegar a acuerdos parlamentarios, pero tropieza con la estrategia de su socio de Gobierno, Unidas Podemos, más proclive a intentar que el PSOE se mantenga en posiciones progresistas, llevándolo a acuerdos con las formaciones de izquierda del Congreso. En esta línea, Yolanda Díaz ya ha iniciado la ronda negociadora con estos grupos con el fin de lograr que los apoyos tradicionales del Gobierno se conserven también en la votación para aprobar la nueva reforma laboral.
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