En noviembre de 2020, el ejército de Etiopía lanzó una ofensiva contra el Frente de Liberación Popular de Tigray, que controlaba la región del norte del país y que pretendía la independencia de la misma. Desde aquel entonces, el número de desplazados por el conflicto no ha dejado de aumentar, llegando hasta los 1’6 millones actuales.
ACNUR, la agencia para los refugicados de Naciones Unidas ha solicitado 205 millones de dólares para hacer frente a esta emergencia humanitaria. Según ésta, durante los desplazamientos de población se han detectado casos de violencia de género, de violaciones de derechos fundamentales, de inseguridad alimentaria crítica, así como de falta de atención sanitaria o educativa.
A este problema derivado de este conflicto hay que sumarle el de los campos de refugiados de ciudadanos eritreos en suelo etíope, los cuales han sido también atacados en el transcurso de la guerra. Este conflicto podría extenderse a la vecina Eritrea debido a que el FLPT ha atacado con misiles un aeropuerto de esta república bajo la acusación de servir de base al ejército etíope para su ofensiva militar.
Etiopía es el segundo país más poblado del continente africano y los expertos alertan sobre el riesgo de expansión del conflicto a toda la región de por sí ya inestable.
