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La violencia vicaria podría ser culpa del Estado

El I Encuentro Estatal sobre violencia vicaria y violencia de género Institucional ha emitido una declaración tajante «La violencia vicaria (es decir, la que ejercen los maltratadores contra sus hijos e hijas para perpetuar la violencia hacia sus parejas) y la violencia de género institucional (la que provocan los órganos del Estado contra las mujeres por el hecho de serlo) son las dos caras de una misma moneda y se necesitan mutuamente para existir.» En el fondo del asunto estaría la simbiosis entre la persistencia de estereotipos y prejuicios sexistas y la falta de celeridad en la aplicación de los avances legislativos y su necesaria eficacia.

Este foro se celebró en la extremeña ciudad de Mérida y contó con representantes políticas e institucionales, organizaciones de la sociedad civil, expertas en psicología, derecho y sanidad y medio centenar de «madres protectoras» llegadas de diversos lugares del Estado Español. Pero de entre todas ellas, destacó la figura de la actual Relatora especial de Naciones Unidas sobre la violencia contra la mujer, Reem Alsalem, quien es la primera vez que visita España desde que ostenta su cargo y quien ya se mostró interesada por casos como el de Irune Costumero o Diana García, además de pedir explicaciones a nuestro gobierno por su retrógrada aplicación del Síndrome de Alienación Parental. Alsalem afirmó que, en España, parece existir un patrón estructural en nuestra justicia que desprotege a niñas y niños y culpabiliza a las madres que se atreven a denunciar abusos contra los menores cometidos por sus progenitores.

Otra de las declaraciones emitidas durante el comunicado final del encuentro, rezaba que «Si bien hemos tenido grandes avances en el camino hacia la igualdad entre mujeres y hombres, no existe una adecuada correspondencia entre las conquistas legales alcanzadas y la realidad cotidiana, persistiendo en muchos operadores el sistema judicial, en los servicios sociales, equipos psicosociales y otros profesionales, marcos de referencia e interpretativos plagados de prejuicios sexistas, generadores de discriminación y, en demasiadas ocasiones, de sufrimiento inmenso y vidas destrozadas de mujeres, sus hijos e hijas (…) Los datos y las experiencias constatadas por profesionales, responsables de instituciones públicas y asociaciones de acompañamiento a las víctimas, avalan que nuestro estado de Derecho, lamentablemente, no está funcionando en innumerables casos de mujeres, niños y niñas víctimas de violencia de género e incesto».

«Existe una relación directa entre la violencia vicaria y la violencia de género institucional. La violencia vicaria existe porque las instituciones lo permiten», afirmó Sonia Vaccaro, psicóloga clínica experta en violencia de género. En su opinión, la violencia vicaria se da cuando el padre ve a los hijos e hijas como objetos a través de los cuales puede seguir haciendo daño a su expareja.

Según la recomendación número 35 del Comité para la Eliminación de las Discriminaciones contra la mujer, el CEDAW, «los estados partes serán considerados responsables en caso de que no adopten todas las medidas apropiadas para prevenir, investigar, enjuiciar, castigar y ofrecer reparación y poner los medios para garantizar la no repetición de la violencia por razón de género contra la mujer». En esta línea, España ya fue condenada por el CEDAW en 2014 por el caso de Ángela González Carreño, madre que tuvo que pleitear durante más de 15 años para que se reconociera que el Estado había fallado en la protección de su hija Andrea. Ángela solicitó en más de 50 denuncias que su expareja no tuviera derecho de visitas no vigiladas con su hija, pero estas denuncias no fueron atendidas y Andrea murió a manos de su padre durante una de estas obligadas visitas.

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