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La Política Pública de Violencia de Género a examen

En las tres primeras semanas de este año 2020 ya han sido asesinadas 5 mujeres en nuestro país por el mero hecho de ser mujeres, víctimas de violencia machista.


1.038 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas, una cifra que, desgraciadamente, aumenta año tras año desde que se contabilizan estos datos. La violencia de género sigue siendo una lacra que urge erradicar y un problema de estado. Con el objetivo de poner fin a esta sinrazón se han puesto en marcha políticas públicas en violencia de género que han sido evaluadas en el marco del Parlamento de Canarias este jueves, 23 de enero.


“Evaluación de la Política Pública de Violencia de Género” es la denominación de la I Jornada que se ha celebrado en este sentido, organizada por la Diputación del Común en el marco del Fondo Europeo Interreg (Proyecto Demos) y que ha sido protagonizada por profesionales destacados y de relevada importancia en el área de Justicia, Administraciones Públicas, Educación, medios de comunicación, organizaciones feministas y, en general, la sociedad.


“La Democracia tiene sus propios enemigos a las puertas de la propia Democracia. Ahora más que nunca, son tiempos de activismo frente a la violencia machista en los que debemos usar las ventanas que la democracia abre antes quienes apuestan por encerrar esta lacra dentro de las viviendas y atrasar los relojes sesenta años”, afirmaba el presidente de la Cámara Regional, Gustavo Matos, en la inauguración de la mencionada Jornada, subrayando que “en Democracia no se debe vivir con miedo”. En su intervención, recordó que cada derecho que se conquista para el colectivo que sea “fortalece al conjunto de derechos y libertades que todos y todas disfrutamos”, razón por la que, remarcó, “no podemos pensar que la violencia machista no nos afecta”. Además, Matos recordó que durante el año 2019 Canarias fue la segunda comunidad española con más casos de violencia machista, añadiendo “asumamos el reto generacional que nos corresponde para librar esta batalla democrática”.


Rafael Yanes, Diputado del Común, durante su intervención afirmó que “negar la existencia de la violencia de género es la mayor de las violencias”, haciendo especial hincapié en el Pacto de Estado firmado en el año 2017, “en el que se preveían mediadas que aún no se han desarrollado”. “Desde la Diputación del Común estamos haciendo un esfuerzo importante para sensibilizar a la población y hacer recapacitar a las administraciones públicas sobre todo aquello en lo que estamos fallando”, aseveró.


Beatriz Barrera, Adjunta especial de Igualdad y Violencia de Género de la Diputación del Común, señalaba que evaluar políticas públicas “no solo es necesario sino que es de obligado cumplimiento. El seguimiento y evaluación de una política pública es fundamental para saber el camino que se ha recorrido, para hacer autocrítica, analizar los errores y seguir adelante”. La única adjuntía especial en Igualdad y Violencia de Genero que existe en España es la que representa Barrera y “en sólo 16 meses ha pasado de tramitar 5 actuaciones a más de 100 de una forma transversal y trabajando con todas las áreas”, como así señaló.

En esta I Jornada de evaluación se llevaron a cabo diferentes ponencias. José Ramón Navarro Miranda, Presidente de la Audiencia Nacional, resaltó la importancia de celebrar jornadas de este tipo, cumpliendo así con las obligaciones de las instituciones públicas de mentalizar a la sociedad española de “una de las situaciones que hay que eliminar de nuestra convivencia de la forma más radical”, añadiendo que “las políticas públicas son fundamentales para combatir la violencia de género” y que cualquier agente que intervenga debe estar permanentemente formado en cualquier aspecto que pueda estar relacionado con el delito de violencia de género. Antes de finalizar su intervención indicó que cuando se habla de violencia de género se habla de vulneración de los Derechos Humanos y “un Estado con crisis o sin crisis no puede desproteger a las personas que sufren esta situación”, haciendo referencia al recorte económico que sufrieron las políticas públicas en nuestro país en plena crisis económica y que, en la actualidad, mantiene un Pacto de Estado sin desarrollar.


“Si se parte de la población mundial, podría decirse que, en términos generales, el 50% son mujeres y el 50% son hombres. De esto y con datos, el 67% de las mujeres son pobres y de estas el 60% no tienen hogar”, indicó durante su intervención Mª Auxiliadora Díaz Velázquez, coordinadora de Violencia de Género de la Comunidad Autónoma, designada por el Consejo General del Poder Judicial, quien añadió, además, “1.035 mujeres han sido asesinadas en nuestro país, cuando sumemos los demás rostros de mujeres que han sufrido violencia de género no vamos a salir de nuestro asombro”. Durante su intervención enfatizó en señalar que la tardanza de una mujer en denunciar ser víctima de violencia no puede convertirse en ningún caso en un signo de credibilidad o no, y que nunca debe ir en detrimento de la víctima. Especial mención realizó también del “Protocolo médico forense de valoración urgente del riesgo de violencia de género”, un recurso existente que casi todos desconocen.


Carla Vallejo Torres, Viseconsejera de Justicia del Gobierno de Canarias, señalaba que se está abordando un problema de estado, añadiendo que, desde la administración de justicia “es fundamental potenciar una visión de la justicia que atienda, sobre todo, a la víctima, puesto que existe una discriminación muy importante de las mujeres que sufren determinados delitos, lo que supone una mayor vulnerabilidad, y que han sido tradicionalmente las grandes olvidadas en el Derecho Penal. Hay que potenciar la defensa de su régimen jurídico”.


Desde el Instituto Canario de Igualdad, su titular, Kika Fumero, destacaba que el 2019 fue un año catastrófico, “la violencia sexual ha aumentado entre jóvenes. Tenemos un problema de educación. ¿Qué es lo que se está haciendo mal o qué es lo que no se está haciendo? Hay que planificar y trabajar con los sectores sociales, con los agentes de cambio. Esto es una carrera de fondo y no se arregla de un día para otro porque de lo contrario ya se hubiese arreglado”


En la Jornada también intervino la ministra de Senegal, Yqone Ndoye, quien hablando de sí misma destacó el importante compromiso que ha adquirido con las mujeres y menores de su país, “soy una mujer comprometida, no soy rica pero estoy comprometida. Estas violaciones de los Derechos Humanos se deben a factores como la falta de educación. Yo no fui a la Universidad. ¿Y cómo es que soy ministra? Porque la política viene de nuestra ganas de cambios, de cambiar la desigualdad, de negarnos a aceptar la situación. Yo me niego a que las mujeres sigan siendo maltratadas. Yo deseo ser la voz de ellas…”


La Jornada de Evaluación de la Política Pública de Violencia de Género finalizó con el firme compromiso de extraer conclusiones y seguir avanzando hasta erradicar esta lacra social.

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