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La pandemia causada por el virus sars-cov-2 ha puesto de manifiesto la necesidad de un sistema nacional de salud consolidado y el acceso justo a los medicamentos y otros productos sanitarios

Carta abierta de la Comisión Promotora de la Iniciativa Legislativa Popular “Medicamentos a un precio justo”, para
Excmo. Sr. Pedro Sánchez Pérez – Castejón,

Presidente del Gobierno
Excma. Sra. Carmen Calvo Poyato, Vicepresidenta Primera y Ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática
Excmo. Sr. Pablo Iglesias Turrión, Vicepresidente Segundo y Ministro de Derechos Socialesy Agenda 2030
Excmo. Sr. Salvador Illa Roca, Ministro de Sanidad
Excmo. Sr. Pedro Francisco Duque Duque, Ministro de Ciencia e Innovación
14 de mayo de 2020
Actualmente el mundo se encuentra en una situación singular, que ninguna de las generaciones que hoy viven ha conocido hasta el presente. La pandemia causada por el virus SARS-Cov-2 ha propiciado una crisis sanitaria, económica y social sin precedentes, además de haber demostrado que sólo mediante un Sistema Nacional de Salud (SNS) con recursos se puede hacer frente a la promoción de la salud y prevención de la enfermedad.
Por todo ello, la iniciativa legislativa popular (ILP) que hemos promovido se vuelve más necesaria que nunca. Como bien conocen, esta ILP busca cambiar el sistema actual de fijación de precios de medicamentos, pasando de precios basados en el valor, a precios basados en los costes de investigación y fabricación. Todo ello mediante procesos transparentes, permitiendo a la ciudadanía conocer los precios a los que se adquieren los
medicamentos. Además, busca fomentar la investigación pública sin fines comerciales, para así innovar en base a las necesidades de la sociedad. Su implementación supondría conseguir mayor capacidad para el desarrollo de medicamentos y vacunas para la COVID-19 desde laboratorios públicos y, muy especialmente, facilitaría su adquisición sin
precios especulativos.

  • Necesitamos que los medicamentos y otros productos sanitarios, como mascarillas, guantes, resto de material de los Equipos de Protección Individual o ventiladores, entre otros ejemplos, se adquieran en base a costes de fabricación y no de valor, disminuyendo la especulación actual en torno los mismos. De esta forma, el SNS preservará fondos económicos y a la larga podrá contar con más recursos. Además,
    ninguna persona vería comprometida su salud por intereses económicos.
  • Es preciso que las administraciones públicas tengan mayor capacidad para discutir precios en las negociaciones con la industria, al igual que es importante que la ciudadanía tenga conocimiento de la información sobre los participantes en esas reuniones, la fecha, lugar de celebración, el tema y los principales puntos tratados, acta y minutas, documentos compartidos y acuerdos alcanzados, reforzando así la transparencia.
  • Por último, nuestro país requiere urgentemente que se potencie la investigación y el desarrollo, con estudios independientes de la industria y que no respondan a motivaciones económicas, sino del conjunto de la sociedad. Apostamos por la formación de un fondo público de investigación para el desarrollo de medicamentos, vacunas y otros procedimientos y materiales relacionados con la
    COVID-19 como con el resto de enfermedades, para no tener que depender de la producción extranjera, como está ocurriendo a lo largo de esta crisis.
    Tal y como queda recogido en el Artículo 43 de la Constitución Española, es trabajo de los poderes públicos asegurar el derecho de protección de la salud de la ciudadanía.
    Además, la Organización Mundial de la Salud considera que el acceso equitativo a los medicamentos, de forma segura y asequible, es de importancia vital para que cada persona
    goce del máximo grado de salud posible. Por ello, además de las medidas propuestas, instamos al Gobierno que haga uso de la figura de “licencia obligatoria” existente en el derecho internacional y en la legislación española. Dicha medida permite la producción,
    uso, venta e importación de un producto por un tercero, pagando al titular los derechos de su uso.

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