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La monarquía en el alambre: el rey emérito podría ir a la cárcel.

Aunque mucha gente no cree que esto pueda ocurrir, la fiscalia estudia la posibilidad de solicitar una pena de 12 de años de cárcel por los supuestos delitos cometidos por Juan Carlos I

El pasado 3 de marzo La Tribuna de Ginebra publicó un artículo en el que informó que la Fiscalía suiza indagaba en una donación de 100 millones de dólares del rey de Arabia Saudí a Juan Carlos I como consecuencia de su supuesta intermediación en el contrato del AVE a La Meca, y que había acabado en un banco de ese país. La investigación  de la Fiscalía suiza  se centra en investigar si los saudíes pagaron al rey emérito para que éste convenciera a los constructores españoles de bajar el precio de ese contrato y abaratar así el coste del proyecto.

 Posteriormente  se fueron publicando en distintos medios los detalles de la investigación que obligaron actuar a Felipe VI, su hijo que  renunció a su herencia y retiró la asignación constitucional que hasta entonces percibía su padre. Dos medidas simbólicas que intentaron frenar el enorme desprestigio que la monarquía tiene en la población española. 

Este lunes, la Fiscalía española del Tribunal Supremo ha asumido las diligencias por blanqueo de capitales y delito fiscal. Un elemento más que pone  a la monarquía española en el alambre. La derecha española no tiene muchos argumentos para defender a una persona que cada vez tiene una imagen y unos argumentos de más peso para ser considerado un corrupto.  Este supuesto  «regalo» de 100 millones de dólares de la corrupta monarquía saudí podría suponer la petición de penas de cárcel para el ex monarca que disfrutó de una enorme popularidad entre el pueblo español en el pasado siglo.

En el año  2008 fue cuando el ex rey español recibió una transferencia de 100 millones de dólares procedentes del Ministerio de Finanzas de Arabia Saudí. El fiscal suizo sospecha que ese dinero está vinculado a una comisión por  la construcción de la línea de alta velocidad entre las ciudades de Medina y La Meca, en la que Juan Carlos habría intermediado a favor de un conglomerado de empresas españolas. 

La transferencia se habría hecho a través de una fundación en un paraíso fiscal (una vez más Panamá) que controlaba el propio Rey y que estuvo gastando hasta que las leyes suizas, obligadas por la UE empezó a endurecer las normas antiblanqueo de capitales, y el Rey cerró sus cuentas y  repartió el dinero que quedaba en ella entre dos de su exparejas: 65 millones para Corinna Larsen y 2 millones para Marta Gayá.

Fue la ex amante de Juan Carlos  la que reveló el cobro de esa comisión por parte de Juan Carlos en una conversación que mantuvo con el comisario Villarejo, y que este último grabó. Esa conversación fue publicada probablemente por este corrupto policía vinculado a la cúpula del PP en el Ministerio del Interior en el Gobierno de Rajoy, como una fórmula de presionar para que se arreglara sus problemas con la justicia. Afortunadamente no solo no lo consiguió, sino que además ha ido implicando con la revelación de este secreto al monarca. En la charla filtrada, Corinna asegura que el rey cobró esa mordida, que utilizaba testaferros para ocultar su fortuna. Una frase que se destacó en los medios fue la que usó Corinna  que dijo que el Rey  «no distingue lo legal de lo ilegal».

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