Las grandes fortunas, los bancos y las corporaciones multinacionales han construido un sofisticado sistema de centros financieros internacionales opacos, llamados paraísos fiscales o guaridas fiscales. Han tenido el apoyo de contables, abogados y grupos de presión, que pretenden facilitar una escapatoria a las élites con el fin de pagar menos impuestos. Cuentan, además, con la complicidad de muchos gobiernos.
Esta situación ha llevado a ver cómo la riqueza pública fluye hacia el exterior, hacia las manos privadas de unos pocos, algo dañino para la población ya que nos priva y deteriora los servicios públicos.
Corregir el desequilibrio de poder entre los ciudadanos y las empresas multinacionales tiene mucho que ver con la imposición de sistemas fiscales más progresivos y más justos, que supongan que los trabajadores paguemos menos, y que las personas muy ricas paguen mucho más, sin que eso suponga un problema para sus fortunas.
Es necesaria una fiscalidad justa que revierta la creciente desigualdad, combata la pobreza e invierta en servicios públicos, desarrollo sostenible y la lucha contra el cambio climático y ese sistema debe de implementarse en todos los estados y en el conjunto de la economía global.
