La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha presentado un recurso ante el Tribunal Supremo en el caso de una mujer que sufrió violencia obstétrica en un hospital gallego en 2009. El fiscal argumenta que se han violado los derechos fundamentales de la mujer a la igualdad e integridad física y moral debido a los problemas de salud que ha experimentado desde entonces.
La mujer había denunciado ante el Comité de Naciones Unidas que durante su hospitalización por el parto, se le realizaron diez tactos vaginales sin su consentimiento informado, lo que generó una infección neonatal. Además, se le suministró oxitocina sintética intravenosa para inducir el parto, se le obligó a permanecer en posición de litotomía sin poder moverse y se le practicó una episiotomía con extracción de su hija mediante ventosa. En su demanda, también mencionó que su hija recién nacida fue llevada a la Unidad Neonatal y estuvo ingresada durante siete días sin explicación sobre su estado de salud, lo que le impidió amamantarla adecuadamente y solo le permitieron acompañarla durante breves períodos de tiempo cada tres horas. Además, la episiotomía que le realizaron le causó problemas en el suelo pélvico y vaginismo, requiriendo tratamiento de fisioterapia especializada y afectando su vida sexual durante dos años. Todo esto le causó un síndrome de estrés postraumático postparto, con ansiedad, insomnio y recuerdos recurrentes de las escenas vividas durante el parto.
A pesar de presentar una reclamación ante el Ministerio de Justicia, esta fue desestimada, y la Audiencia Nacional archivó su demanda en abril de 2023, sin considerar el informe de Naciones Unidas que respaldaba sus reclamos. El fiscal insta al Tribunal Supremo a estimar el recurso y hacer valer los derechos de la mujer.
