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La fiscalía española contra el Imperio de la Ley y los intereses de España

No parece muy lógico el papel que está desempeñando la fiscalia en el proces. Ante la reciente sentencia del TJUE, en el que declara la inmunidad de Oriol Junqueras como europarlamentario, y por tanto deja sin vigor la norma española que establece que un eurodiputado no lo es hasta que no recoge su acta, la fiscalía prefiere vincularse a la insumisión de la normativa europea y acercándose a las tesis disparatadas de Vox, solicita con una rapidez extrema que se mantenga la prisión de Junqueras. Y eso lo plantea horas después de conocerse el fallo del Tribunal europeo, sin que hubiese habido tiempo material de haber estudiado el mismo.

España es un Estado social y democrático de derecho, en el que además nuestra legalidad y las resoluciones de todos nuestros tribunales de justicia están sometidos siempre al imperio final de la legislación europea. Y la fiscalía no puede obviar esto. Y por supuesto la Derecha tampoco lo debería de hacer, pero parece que a la fiscalía se le debe de exigir un plus de rigor mayor.

No se entiende que el Gobierno de Pedro Sánchez no tenga con la fiscal una comunicación que le permita dar las orientaciones adecuadas. La fiscal general del Estado, María José Segarra, pertenece a la Unión Progresista de Fiscales (UPF), de la que también es miembro la ministra de Justicia Dolores Delgado. Sin embargo, el equipo de fiscales que ha desarrollado su trabajo en el proces ha estado en todo momento guiado por una especial inquina a los acusados por los hechos del 1 de Octubre

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