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La compra pública responsable

Las contrataciones públicas socialmente responsables se pueden definir como “operaciones de contratación que tienen en cuenta uno o más de los siguientes aspectos sociales: oportunidades de empleo, trabajo digno, cumplimiento con los derechos sociales y laborales, inclusión social, igualdad de oportunidades, accesibilidad para todos, consideración de los criterios de sostenibilidad, incluidas las cuestiones de comercio ético”.

Las Administraciones Públicas dedican a la contratación un 16% del PIB, lo que les convierte en el mayor contratante por su volumen e influencia sobre el mercado y el entorno. Tienen la responsabilidad de utilizar el presupuesto público de la forma más eficiente, para ello deben asegurarse de elegir la mejor opción, entendiendo por tal no sólo la mejor oferta económica sino aquella que proporciona beneficios adicionales.

Las prácticas de compra verde suponen un claro ahorro en energía, costes de utilización o gestión de residuos. Lo mismo ocurre con las estrategias de compra social orientadas al mercado laboral, ya que se traducen en una reducción del presupuesto público destinado a prestaciones sociales (rentas básicas, subsidios o prestaciones), produciendo por añadidura ingresos a las Haciendas Públicas, mediante las aportaciones fiscales de las personas incorporadas laboralmente. Las prácticas de compra responsable pueden contribuir de modo significativo a la consecución de los objetivos estratégicos de la administración y a que se atiendan derechos constitucionalmente establecidos como el pleno empleo o la igualdad de oportunidades.

La compra sostenible debe colocar a la Administración en posturas ejemplarizantes a la hora de demandar productos y servicios con criterios sociales e incentivando a las empresas para que evalúen sus cadenas de suministros y revisen sus políticas de empleo. La calidad de vida de amplias capas de la población más necesitada mejora de manera directa por efecto de las cláusulas sociales. La compra pública responsable supone una herramienta complementaria y sinérgica con las políticas sociales. Es un factor de legitimación del mensaje que quieren trasladar a la sociedad las Administraciones Públicas.

Imagen: Pixabay

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