La ley de libertad sexual, propuesta por el Ministerio de Igualdad, fue definida por Irene Montero como de “absolutisima prioridad” y su aprobación formaba parte del acuerdo de Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos. Equipara la violencia sexual a la violencia de género, lo que significa que todas las agresiones sexuales y de acoso tendrán acceso a recursos y derechos similares a los de las víctimas de violencia por parte de sus parejas o exparejas. Además, incluye reformar el Código Penal para esclarecer que “solo sí es sí”.
Fuentes de la negociación aseguran que las discrepancias se deben fundamentalmente al rechazo del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, a tramitar esta normativa como se había acordado. Igualdad, que terminó de preparar el texto en enero, espera a que Justicia dé el visto bueno. “Se está esperando desde hace semanas y el ministro se niega a hacerlo alegando generalidades de procedimiento, sin concretar”, denuncian.
Fuentes de la formación morada revelan que en el Ejecutivo ya existía un acuerdo para llegar al 8M con la ley aprobada en el Consejo de Ministros. Aseguran que la reforma del consentimiento fue pactada entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el Vicepresidente Segundo, Pablo Iglesias y, además, se ha tratado formal e informalmente en el Gobierno e incluso en uno de los Consejos de Ministros celebrados en enero.
Estas tensiones se han dado a conocer la mañana del jueves, minutos antes de la reunión entre ambos partidos para constituir la comisión que debe controlar el acuerdo de coalición. Esta discrepancia se une al choque por las diferencias en política migratoria.
Foto: eldiario.es
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