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Indignación generalizada con los disparates de la “justicia” boliviana, cuestionan al ex presidente Evo Morales sin pruebas.

Ya hemos informado desde elsolidario de la acusación sin pruebas de la Fiscalía del departamento de La Paz  contra el ciudadano boliviano y expresidente  Evo Morales por un falso delite de terrorismo, ya que  no se le conoce absolutamente ninguna acción violenta. Esta solicitud de 30 años de cárcel se hace por una frase que supuestamente dijo en una conversación telefónica.

Hay que recordar que actualmente Bolivia es una dictadura civil de extrema derecha, después de un golpe de estado del ejército y la policía contra el gobierno legítimo de Bolivia elegido democráticamente por los ciudadanos. Después de 9 meses, este gobierno usurpador de la democracia da instrucciones a la fiscalía para intentar imputar judicialmente al presidente, conscientes del gran apoyo popular de Evo Morales, con el objetivo de vulnerar un proceso democrático que se lleva retrasando desde hace meses para impedir que gane el MAS, el partido del ex presidente.

La investigación de la Fiscalía utiliza una supuesta conversación telefónica de Morales  cuando  estaba en Ciudad de México sin que ni siquiera esté claro que que sea el propio Morales el que habla, reconocimiento que la propia fiscalía ha hecho. En cualquier caso, declarar a una persona reo de terrorismo por una frase en una supuesta conversación telefónica no solo es absurdo, sino delictivo, ya que los funcionarios de fiscalia son conscientes de que están dictando una resolución injusta a sabiendas de que lo es, por tanto están prevaricando. 

La estupidez llega a un nivel supremo cuando por una frase de una conversación telefónica, de la que ni siquiera se sabe si es del propio Evo Morales, se piden 30 años de cárcel para el expresidente. 

En la dictadura boliviana no hay separación de poderes, y la fiscalía y los jueces harán lo que el poder ladino (es decir, las élites blancas y racistas que dirigen económicamente el país desde su fundación y ahora también desde el poder político) les encarguen.

Organizaciones de derechos humanos, ONGs, entidades públicas, empresas, centros humanitarios, partidos políticos y demás entidades de derechos sociales y cívicos han denunciado la violación de derechos humanos, del proceso democrático boliviano y de todo el sistema  judicial boliviano responsable de la estupida acusación de la fiscalía.

Toda la acusación contra Morales tiene objetivos políticos: tergiversar las elecciones bolivianas, justificar el golpe de estado, perseguir un fraude electoral, desprestigiar al líder del MAS, partido que ganó las elecciones y que ahora está siendo perseguido ilegalmente.

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