El Mar Menor sufre una grave crisis ecológica que pone en peligro la supervivencia de toda su flora y fauna. Por ello, la organización ecologista Greenpeace ha decidido personarse como acusación popular en el conocido como ‘caso Topillo’, en el que se investigan vertidos continuados de salmuera en la zona, uniéndose así a las ONG que ya están en el proceso.
Esta situación puede acabar con la muerte total o ‘ecocidio’ del ecosistema del Mar Menor, un espacio natural único en Europa. En 2016 este lugar se conviritó en una ‘sopa verde’ por el impacto acumulado de las actividades agrícolas, aceleradas por gotas frías, como la ocurrida en el pasado otoño. Todo esto evidencia la ausencia de políticas existentes para salvar este entorno.
La situación del ecosistema es límite, por lo que Greenpeace considera que es un buen momento para pasar a la acción. El peor suceso fue la muerte masiva de fauna ocurrida el 12 de octubre, que acabó con hasta tres toneladas de peces y al que se han asociado otros hechos como la aparición masiva de mucílagos u organismos fitoplanctónicos potencialmente tóxicos.
Presuntos responsables
Como responsables de estos sucesos, el Juzgado nº2 de Instrucción de Murcia investiga a varias decenas de empresas agrícolas, autoridades políticas y funcionarios, puesto que podrían haber llevado a cabo acciones de prevaricación por omisión al no perseguir un delito ambiental.
Greenpeace considera que “décadas de ausencia de políticas de protección, y de autoridades que han mirado para otro lado mientras los intereses agrícolas se enriquecen, a costa de realizar los vertidos a la laguna litoral, han llevado al Mar Menor al límite de su supervivencia”. Por ello han decidido personarse como acusación, para contribuir de la mejor forma posible al éxito de la investigación judicial, en la que ya se encuentran las organizaciones Ecologistas en Acción y ANSE.
