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El Gobierno holandés dimite por el escándalo de racismo en la asignación de ayudas al cuidado de niños

El Gobierno de centroderecha en Países Bajos ha dimitido en bloque por las acusaciones falsas de fraude efectuadas contra 26.000 familias que recibían ayudas sociales para el cuidado de los hijos. Además, la motivación de las autoridades era racista, ya que realizaron estas prácticas ilegales especialmente con familias de ascendencia turca o marroquí. Las familias fueron obligadas a devolver las cantidades recibidas, que en algunos casos ascendían a 100.000 euros. El primer ministro, Mark Rutte, y el resto de los miembros del Ejecutivo gobernará en funciones para gestionar la pandemia de coronavirus hasta las elecciones de marzo.

Mark Rutte reconoció ante la prensa que lo ocurrido era un «fracaso del sistema» que no debía quedar sin consecuencias y admitió que «el Gobierno no ha cumplido con sus propios altos estándares», incurriendo en discriminación y vulnerando los derechos humanos de sus ciudadanos. La Agencia Tributaria acusó sin fundamento a 26.000 familias de haber cometido fraude para recibir ayudas sociales para pagar la guardería para poder ir a trabajar. Las familias aportaron todo tipo de documentos que acreditaban que necesitaban ese dinero pero, aún así, la subvención seguía bloqueada sin fecha.

«Se ha criminalizado a personas inocentes, sus vidas fueron destruidas y el Parlamento recibió información incorrecta e incompleta» cuando pidió explicaciones de lo ocurrido, admitió Rutte. Las consecuencias de esta discriminación fueron devastadoras para las familias. Se vieron obligados a trabajar horas extras para devolver el dinero, muchos perdieron sus casas y sus trabajos, mientras intentaban demostrar que no habían cometido ningún tipo de fraude.

Tras años de investigaciones se demostró que la administración había apuntado junto a cada caso el país de origen, y consideraban que existía un mayor riesgo de comisión de fraude debido al origen de los receptores de las ayudas, en su mayoría turcos y marroquíes. En Países Bajos no está permitido el registro de la ascendencia de un ciudadano junto a sus datos personales desde 2014. Las las investigaciones del Defensor del Pueblo y el del Menor, el casó llegó al Parlamento. En 2019 dictaminó que «hubo falta institucionalizada de imparcialidad, y los funcionarios interpretaron de forma demasiado estricta la normativa contra el fraude”.

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