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Freno a la transición energética.

Autor: Ambientum

Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea alcanzaron el esperado e histórico acuerdo para la creación del fondo de recuperación de 750.000 millones de euros para relanzar las economías de los países miembros, en especial la de aquellos donde el COVID-19 ha golpeado con más fuerza, como Italia y España. ¿De qué manera afectará a los planes de transición energética en el continente?

Del total del presupuesto, 140.000 millones estarán destinados para España, de los que 72.700 millones se utilizarán para transferencias o ayudas directas. La cantidad destinada a nuestro país supone más del 11% del PIB Nacional.

Transición energética

En gran parte, el objetivo del fondo de recuperación es ayudar a los gobiernos europeos a reconstruir y reforzar sus economías, pero otra parte servirá para apuntalar el presupuesto de algunos programas europeos. Sin embargo, estas dotaciones para programas europeos se han visto reducidas en favor de ayudar a países duramente afectados por la pandemia del COVID-19.

Entre los más perjudicados se encuentra el Fondo para la Transición Justa, llamado a ser la piedra angular del Pacto Verde Europeo y con el objetivo de reconvertir las zonas europeas más dependientes del carbón. De los 30.000 millones de euros que inicialmente estaban previstos, el fondo finalmente contará solamente con 10.000 millones de euros.

A este respecto, un dictamen publicado por el Tribunal de Cuentas Europeo considera necesario que la modificación de los fondos destinados al Fondo de Transición Justa debe dar como resultado el establecimiento de un vínculo más claro con los objetivos climáticos y medioambientales de la Unión Europea.

El dictamen expresa que, si bien se facilitan recursos adicionales para la transición de la UE hacia una economía descarbonizada en 2050, la financiación debería orientarse en base a las necesidades y la mejora de los resultados. En este sentido, advierten que, de lo contrario, podría hacerse realidad el riesgo de que no se lleve a cabo el cambio estructural necesario y haya que volver a refinanciar el proceso de transición energética.

En España, las medidas a priorizar están directamente relacionadas con el papel de las ciudades y los municipios en la transición energética. Así, el informe destaca medidas en los ámbitos de la movilidad urbana con transporte cero emisiones, las comunidades energéticas y el autoconsumo, la eficiencia energética en edificios y la «naturalización urbana», en la que una mayor presencia de vegetación y espacios verdes reduce el efecto ‘isla calor’, creando así ciudades y edificios con menos demanda de energía. Del mismo modo, el informe también señala algunas actividades con altas emisiones que no deberían ser apoyadas por la UE debido al riesgo que suponen para la biodiversidad y los ecosistemas.

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