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FOESSA analiza el sistema de Ingresos Mínimos: cobertura limitada, alta desigualdad territorial y baja intensidad protectora.

Autor: Cáritas

La Fundación FOESSA acaba de sacar a la luz, dentro de su serie “Focus” un breve análisis sobre el sistema de ingresos mínimos en España, que ha saltado al primer plano de la agenda política a raíz de la aprobación, el pasado 29 de mayo, del Real Decreto-ley 20/2020 por el que se establece el denominado Ingreso Mínimo Vital (IMV) en España.

Bajo el título “Vulneración de derechos: Ingresos Mínimos”, los expertos de FOESSA analizan a lo largo de tres capítulos el modelo español, con objeto de identificar los puntos débiles del modelo propuesto, el grado de respaldo social del mismo y lo que su implementación pueden suponer para reducir la pobre extrema importante o para acabar en otra oportunidad pérdida.

Como se señala en la introducción, “el sistema de ingresos mínimos se plantea como uno de los soportes básicos de la protección social para el mantenimiento de un nivel de vida digno de la ciudadanía” y “su objetivo primordial es facilitar un bienestar mínimo a la población vulnerable reduciendo la pobreza”. “Sin embargo –subrayan los autores—, el modelo español desde su origen ha presentado tres principales elementos deficitarios: un alto grado de desigualdad territorial, una baja intensidad protectora y una cobertura limitada.

Este “Focus” analiza la intensidad protectora que a fecha de hoy ofrecen los distintos sistemas de ingresos mínimos que, desde criterios muy desiguales, han ido desarrollando en las últimas cuatro décadas las 17 Comunidades Autónomas y las dos ciudades autónomas de nuestro país. Y alerta de que, aunque la aprobación de un IMV de ámbito estatal es un claro avance, “si no se desarrolla adecuadamente a nivel reglamentario y si no se articula adecuadamente con los sistemas existentes en las Comunidades Autónomas, se tratará de una oportunidad pérdida para los hogares más vulnerables”.

A fecha de hoy y según la memoria de las rentas mínimas que publica anualmente el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, se extraen, entre otras, las siguientes conclusiones.

– Se trata de un sistema con baja capacidad protectora y escasa cobertura. El nivel de inversión es muy desigual e incluso en declive en el último año. En muchas CCAA, las rentas mínimas no son un derecho subjetivo, sino que se trata de una prestación dependiente de la disponibilidad presupuestaria. Tras años de aumento leve pero constante, el monto total ejecutado en materia de RMI ha descendido en un 1,61%, pasando de 1.544,4 millones de € en 2017 a 1.519,6 millones de € en 2018.

– La cobertura de las rentas mínimas, es decir, a cuántas personas en situación de pobreza llegan estas ayudas, es uno de los puntos débiles más flagrantes del sistema de protección social español. El promedio de las rentas mínimas de inserción implementadas por las Comunidades Autónomas deja a más del 93% de las personas en situación de pobreza en España sin recibir este tipo de ayudas.

– En España, más de 2,6 millones de personas viven bajo el umbral de la pobreza severa (30% de la mediana de ingresos, según la Encuesta de Condiciones de Vida del INE 2018), mientras que la población beneficiaria de las rentas mínimas, alcanza a más de 679.000 personas (un 12,8% menos que en 2017). En términos de cobertura de los sistemas de garantía de ingresos mínimos, los beneficiarios de las rentas mínimas, apenas alcanza al 29% de la población bajo el umbral de la pobreza severa. Una desprotección que afecta a dos de cada tres personas en estas circunstancias.

– La tasa de cobertura que oscila desde el 4,9% en Andalucía o 5,8% en Castilla La Mancha, las regiones con menos extensión, y alcanza hasta el 274% de la población en pobreza severa en Navarra, 175% en el País Vasco o 145% en Asturias, las regiones con una cobertura más desarrollada. Una vez más son evidentes las diferencias territoriales en el desarrollo del sistema.

Los autores del estudio aseguran que la aprobación del Real Decreto 20/2020, de 29 de mayo representa un paso muy importante que sitúa a España un poco más cerca de la media europea de protección social. Según cálculos del ejecutivo, el IMV llegaría a 850.000 hogares (2,3 millones de personas), con lo que se triplica la protección a la población con escasos recursos en España.

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