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Esperanza Aguirre ante los tribunales por desmantelar la sanidad pública

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado a un juzgado la imputación de la expresidenta madrileña, por presunta prevaricación y malversación, por el caso de un hospital que redujo injustificadamente sus camas en 135 unidades sin que se redujera la ganancia para la concesión privada, lo que supuso un quebranto para la arcas públicas del entorno de 10 millones de euros. También se investiga por parte de la Audiencia Nacional la construcción y gestión privada de siete hospitales.

También estaría imputada por esta misma causa Elena de Mingo, directora general de Planificación, Infraestructuras y Equipamientos Sanitarios en la era Aguirre y el Consejero de Sanidad de la misma época, Juan José Güemes, responsable de la defectuosa modificación del contrato de concesión tras la reducción de camas hospitalarias.

Además de en lo relativo a la mala gestión de la sanidad pública, dicho exconsejero de Sanidad y Esperanza Aguirre están imputados en la una pieza separada de la macrocausa Púnica, la cual estudia la financiación irregular del Partido Popular.

Respecto al análisis más puramente político de la cuestión, en la última década se han reducido en Madrid la cifra de 2.789 camas hospitalarias, todo a pesar de la actual pandemia. A esto hay que añadir la reducción de la calidad en la atención sanitaria como se desprende de varios informes independientes sobre la materia.

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