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El negocio de vacunas Covid-19 en Latinoamérica

Bolivia ha iniciado una campaña para que se permita la liberación de las patentes, eliminado la prohibición de propiedad intelectual y posibilitando que otros países puedan fabricarlas.

Autor: Javier Suazo

“La industria farmacéutica tiene la responsabilidad de compartir la propiedad intelectual adquirida mientras los países desarrollados deberían ser más solidarios”.

Comité Internacional de Bioética de a UNESCO y la Comisión Mundial de Ética del Conocimiento Científico y la Tecnología”

 “Circulan rumores de la traída de vacunas deducibles del salario a trabajadores de la empresa privada”

Carlos Umaña, médico del IHSS, Honduras

Con las vacunas que brindan protección temporal sobre el Covid-19 y que, varias de ellas, tienen efectos no deseados en la salud humana, un problema en ascenso es el control de la producción y disponibilidad por los países de mayor poder económico y financiero. No solo se está acaparando la producción, sino también se sigue una línea de acción que busca el control de las patentes, para que los países de menor desarrollo o de la periferia mundial no puedan producirla a menor costo.

Una muestra de este control es que, de 70 millones de vacunas aplicadas, el 87% corresponde a población de países de renta alta o media alta, vacunándose 1 de cada 4 personas, frente a 1 de cada 500 personas en países de renta baja. (OMS:2021).  Esta brecha se manifiesta en una creciente pérdida de vidas humanas, empleos y colapso de los sistemas de salud no compensado con mayor endeudamiento externo.

En Latinoamérica, países como Bolivia han iniciado una campaña para que se permita la liberación de las patentes, eliminado la prohibición de propiedad intelectual y posibilitando que otros países puedan fabricarlas. Se exige a Naciones Unidades que coordine un Plan Mundial de Vacunación Masiva contra el Covid-19, donde la producción de vacunas se generalice y no sea obstáculo para que población de menores ingresos y tercera edad acceda a la vacunación en forma rápida.

En tal sentido, “Es necesario volver a colocar en el centro de la agenda latinoamericana y caribeña la reconstrucción de una integración regional en salud basada en tejidos públicos de autonomía, soberanía sanitaria y principios de salud internacional Sur Sur. Esto no sólo concierne y depende exclusivamente de las relaciones intergubernamentales de “Estados y Gobiernos”, sino que la soberanía sanitaria regional es un proceso estratégico que se anida en los entramados de territorios, territorialidades y actores en la construcción de una Salud desde el Sur”. (CLACSO: febrero de 2021). 
 

A ello se agrega, el uso de las vacunas para fines políticos e ideológicos, donde los países que han acaparado parte de la producción, autorizan la entrega-vía donaciones- de pequeñas dosis a aquellos gobiernos afines con su política e intereses. Un ejemplo es la donación del gobierno de Israel al gobierno de Juan Orlando Hernández (JOH) en Honduras (Igual a Guatemala), de 5000 dosis de vacuna Moderna; pero se sabe que este gobierno avala la política de cercenamiento del territorio palestino y la instalación de una Embajada del llamado Estado hebreo en la capital Jerusalén.

Hay que sumar que varios gobiernos y Empresas Farmacéuticas Transnacionales consideran que la vacunación no es un bien público puro, ya que puede ser provisto directamente por empresas privadas y obtener ganancias. Es decir, eliminar la prohibición que la venta de las vacunas las hace empresas farmacéuticas a los gobiernos, no directamente a empresas intermediarias, grupos de interés privado o gremial.  Para que ello suceda, los gobiernos deben autorizar o reglamentar la importación o compra directa de las vacunas por empresas privadas, lo que puede desnaturalizar la legislación vigente y generar una violación sistemática de un derecho público. La salud es un derecho universal, por lo que la vacunación masiva es una función pública cuya competencia privativa recae en el Estado y los gobiernos; no es delegable.

En el Perú, se aprobó una Ley que autoriza al Sector Privado a la adquisición, importación, conservación, comercialización y distribución de las vacunas contra el Covid-19, con lo cual se permite vacunar a empleados y familiares de las empresas que tienen un número mínimo de 200 trabajadores en planilla, pero las pequeñas se pueden asociar para conjuntar el número requerido. El precio debe ser solidario y fijado por las autoridades de salud, pero los privados pueden vender un 10% del lote importado al gobierno para que vacune a población vulnerable.

En el caso de Honduras, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) y la Secretaria de Salud-ARSA, suscribieron un acuerdo para que las empresas puedan negociar en forma directa con las empresas farmacéuticas la adquisición de vacunas contra el Covid-19.  En tal sentido, el COHEP levantaría un listado de las empresas interesadas en la importación y las necesidades de vacunas requeridas según el número de empleados y dependientes.

El argumento es que el gobierno ha sido incapaz para gestionar en forma eficiente la pandemia, ya que la evidencia demuestra cerca de 5000 muertos por Covid-19 y el derroche de recursos, causado principalmente por la vigencia de prácticas corruptas a todos los niveles de gobierno. Para los trabajadores de las empresas, las vacunas serían sin ningún costo, ya que estas lo asumen como un gasto necesario para seguir operando en un 100%, sin trabajadores enfermos y perdidas de productividad.

La colaboración del sector privado termina cuando ya se ha establecido un contrato de compra-venta con las empresas farmacéuticas, siendo el gobierno responsable del almacenamiento y la aplicación de las vacunas, de preferencia a través del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), de la Secretaria de Salud. Se habla de vacunar a todos los trabajadores y sus familiares, en especial los afiliados al IHSS, pero hay demanda de colegios profesionales que también le apuestan a la vacunación con gestión privada.

Unas 5,500 empresas se han registrado y mostrado interés para acogerse a este mecanismo, pero la evidencia demuestra que no todas (hay que ver ese listado de empresas que maneja el COHEP), tienen la capacidad y los recursos para gestionar la importación. El interés de las empresas registradas es que se vacune a trabajadores y familiares en forma rápida, o sea antes que lleguen las vacunas contratadas por el gobierno.

 Los empresarios hablan de vacunar 1.8 millones de hondureños, que representa el 42.6 % del PEA, pero se dice muy poco de los desempleados y los trabajadores familiares, cuenta propia e informales que esperan que el gobierno a través del mecanismo COVAX y la vacuna rusa Sputnik V cumplan con el deber constitucional de proveer un bien público sin costo alguno. Con COVAX se piensa vacunar al 20% de la población, pero solo ha entregado 48,000 dosis, una asignación marginal. En el caso de la Sputnik V se autorizó una compra de 4.2 millones de dosis, pero solo han llegado 6,000 dosis, lo que ha motivado un viaje de funcionarios de gobierno a Rusia con fondos públicos. Se está a la espera de la llegada de 1.4 millones de dosis de vacuna AstraZeneca, contratadas por el IHSS mediante compra directa.

Estas compras de vacunas, dada las endebles finanzas públicas y la crisis económica que enfrenta el país, se hacen con fondos de deuda externa, lo que afecta también la sostenibilidad a futuro de una política de acceso a la salud y protección social. En el caso de Honduras, recién el Banco Mundial aprobó un préstamo de 20 millones de dólares para la compra de vacunas y conexos, igual lo hizo con El Salvador por un monto de 50 millones de dólares.

El COHEP, igual ha suscrito un acuerdo de Integridad y Transparencia con el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), para que actúe como veedor social de las operaciones, e incluso asesore en buenas prácticas de gestión administrativa, financiera y técnica. El problema es la discriminación y segmentación del mercado que causará la compra de vacunas y su aplicación a la población. Por un lado, la entrega de vacunas al gobierno avanza a paso de tortuga y, por el otro, el COHEP y sus socios externos demostrando que son más eficientes que el gobierno en la importación de vacunas y aplicación a los que las necesiten, ya no solo los trabajadores y familiares. Las denuncias de organizaciones de protección al consumidor temen que se genere un mercado ilegal de compra-venta de vacunas, sumado a la especulación de precios y procesos de gestión administrativa poco confiables.

Hay, al menos, cinco (5) líneas de trabajo a nivel de gobiernos de países latinoamericanos en el tema de las vacunas: a) Las Naciones Unidas y organismos miembros deben liderar el Plan Global de Vacunación Masiva de Largo Plazo sin excepción; b) Un reconocimiento mundial que la vacuna es un bien público universal que debe ser provisto por el Estado ( ya existe una carta de 140 líderes mundiales declarando la vacuna como de todos) ; c) Una mayor presión a las empresas y compañías farmacéuticas y gobiernos para la liberalización de las patentes. d) Una mayor protección en las Constituciones de la República de los países latinoamericanos que el acceso a la salud es un derecho humano adquirido, siendo la vacunación contra el Covid-19 un mecanismo reivindicativo de este derecho; e) Revitalización de las instancias y mecanismos de integración regional para formar un bloque y poder negociar compras conjuntas de vacunas, y exigir liberalización de las patentes.

En esto último, el Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana (COMISCA), ya tiene una experiencia ganada, por lo que debe asumirla como un punto de agenda regional, para no seguir peleando por cuotas de dosis de vacunas en forma individual.  Igual sucede con UNASUR, que ha hecho en el pasado compras conjuntas de vacunas para enfrentar la influenza AH1NI, más allá de agendas ocultas de los gobiernos en el tema político y geoestratégico.

En el caso particular de Honduras, frente al interés de los privados por demostrar que son más eficientes que el gobierno, una solución sugerida por miembros del partido Libertad y Refundación (LIBRE), es que el gobierno nombre al director del COHEP como Ministro de Salud, ya que los empresarios han sido participes de las acciones ejecutadas por el gobierno de JOH y se ha beneficiado de negocios con el Estado. La mayor eficiencia privada puede ayudar a mejorar la inoperancia pública en el tema de las vacunas y gestión de los recursos financieros y presupuestarios, y paliar la corrupción.

Tegucigalpa, 19 de abril de 2021.

Enlace: https://www.alainet.org/es/articulo/211891

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