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El gobierno da pasos en firme hacia la neutralidad religiosa con el primer homenaje de Estado laico

La coalición quiere dejar atrás la primacía de la Iglesia católica y abordará una ley de libertad de conciencia, basada en un proyecto de Zapatero, para sustituir a la ley vigente desde hace 40 años

No hay marcha atrás. La Iglesia católica ha dejado de ser «interlocutor principal» del Gobierno, pero, sobre todo, abandonará el papel que ha jugado en el Estado durante cuatro décadas y que no le corresponde según la Constitución. Después de que este jueves se celebrara el primer homenaje de Estado totalmente laico en más de 40 años de democracia por las víctimas de la COVID-19, el Ejecutivo socialista se ha marcado como objetivo avanzar decididamente en la plena laicidad del Estado. Y eso implica, al menos en lo formal, que la Conferencia Episcopal pase a ser ‘uno más’ dentro de la interlocución del Gobierno con las distintas confesiones religiosas.

El Gobierno de coalición va dando pasos para garantizar la neutralidad religiosa de las instituciones del Estado, que llevan décadas sometidas a la primacía de la Iglesia católica. El plan del Ejecutivo de Pedro Sánchez, que delegó esa tarea en la vicepresidenta Carmen Calvo ya en la anterior legislatura, va más allá de gestos como la retirada de la simbología católica en la ceremonia de acceso al cargo del presidente y los ministros o la ceremonia civil en homenaje a las víctimas de la pandemia. La pretensión es eliminar algunos privilegios de la Conferencia Episcopal –como la exención del pago de impuestos como el IBI– e intentar equiparar a todas las religiones, además de impulsar una ley de libertad de conciencia, algo que figura en el acuerdo suscrito por PSOE y Unidas Podemos.

España rindió esta semana el primer homenaje de Estado, semejante a un funeral, sin rito católico para recordar a los fallecidos por la COVID-19. No hay marcha atrás en el camino a la laicidad del país, señalan en el Gobierno. Aún así, esa decisión provocó que la Conferencia Episcopal convocara una misa diez días antes a la que asistieron los reyes y Carmen Calvo en representación del Ejecutivo, además de numerosos representantes de los poderes civiles y militares. El funeral celebrado en la catedral de la Almudena, en el centro de Madrid, el pasado 6 de julio, ya no fue de Estado. Y no habrá más, al menos mientras gobierne Pedro Sánchez.

La ley de Libertad Religiosa y de Conciencia será objeto de conversación en las próximas reuniones. Es el principal compromiso del Gobierno de coalición en su acuerdo programático para lograr «la laicidad del Estado y su neutralidad frente a todas las confesiones religiosas». El objetivo es hacer de España un Estado laico en el fondo, y sobre todo en las formas. Por eso, el Ejecutivo quiere regular los ‘funerales civiles’, o la ausencia de crucifijos o Biblias en las tomas de posesión de mandatarios públicos, que se han normalizado desde que Sánchez habita el Palacio de la Moncloa.

Todo ello se incluirá en la futura Ley de Libertad Religiosa y de Conciencia, que vendría a sustituir a la actual, que acaba de cumplir 40 años, y tendrá como base el proyecto de ley del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero que quedó aparcado a finales de 2010, en un momento de mucha presión de los obispos, comandados por Rouco Varela. Eran los años de los manifestaciones en la calle, con los obispos mezclados con grupos ultracatólicos contra el matrimonio igualitario o Educación para la Ciudadanía. Entonces, la visita de Benedicto XVI a Barcelona y Santiago de Compostela frenó la aprobación de una norma que, como ley orgánica, precisaba una mayoría con la que el Ejecutivo socialista no contaba.

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