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El Gobierno aprobará este martes la nueva Ley de Protección a la Infancia y la Adolescencia

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha anunciado este jueves que el Ejecutivo aprobará al próximo martes 9 de junio en Consejo de Ministros la nueva Ley de Protección a la Infancia y Adolescencia frente a la Violencia. La tramitación de esta ley se retrasó debido a la pandemia del coronavirus.

La nueva ley está compuesta de 58 artículos, y plantea nuevos aspectos y modificaciones de los ya existentes para proporcionar una mejor seguridad jurídica a los menores. Afecta a la prevención de los delitos contra los menores, a la protección de las víctimas y a la formación de quienes deben auxiliarlas.

El anteproyecto de la Ley fue aprobado en 2018 y después quedó pendiente con el anuncio de elecciones generales en 2019. Cuando se formó el Gobierno de coalición, las ONG de infancia pidieron al Ejecutivo que no retrasara la aprobación de esta ley que ya ha sido trabajada con las organizaciones.

La conocida como Ley Rhodes, en referencia al pianista británico James Rhodes que ha sido uno de sus impulsores, cambia el plazo de prescripción de los delitos graves contra menores. Hasta ahora el plazo de prescripción empezaba a contar desde que la víctima cumplía 18 años. Con la nueva ley se atrasa hasta que cumpla los 30. De esta manera, la víctima tiene 12 años más de margen para poder denunciar.

Se contemplan en esta ley nuevos tipos delictivos para conductas realizadas a través de Internet. Se incorporan la incitación al suicidio, a cometer infracciones sexuales o la promoción de trastornos alimenticios. En el caso del suicidio, se modifica el Código Penal, estableciendo una pena de uno a cuatro años a los que promuevan, fomenten o inciten a ello haciendo uso de Internet.

Otra de las novedades es la nueva regulación de los delitos de odio. Se añadirá la edad como causa de discriminación, de la misma manera que ya lo son la raza, la orientación sexual, el género o la discapacidad. También lo serán la aporofobia (odio a los pobres) y la exclusión social.

Se endurecerán las penas de aquellos que cometan delitos contra menores. También las condiciones para acceder al tercer grado, la libertad condicional y los permisos penitenciarios una vez ingresen en prisión serán más duras. Además, en el caso de cometer un asesinato, se le retirará la patria potestad cuando autor y víctima tuvieran hijos en común o cuando la víctima fuera uno de sus hijos.

Esta ley esteblece el deber para todos los ciudadanos de denunciar la existencia de indicios de violencia ejercida sobre menores. Esta exigencia será mucho mayor para los profesionales que mantengan contacto habitual con niños, como los maestros de colegios o los entrenadores de equipos infantiles.

Los centros escolares tendrán la obligación de fijar protocolos de prevención y actuación frente al acoso escolar, el ciberacoso, el acoso sexual, la violencia machista y violencia en general. Se creará la figura del delegado de protección, que informará y apoyará a los menores en el cumplimiento de los protocolos de actuación frente a la violencia.

Esta ley modifica la actual legislación en materia publicitaria. Será considerada publicidad ilícita «cualquier forma de publicidad que coadyuve a generar violencia en cualquier de sus manifestaciones sobre las personas menores de edad, o fomenten estereotipos de carácter sexista, racista, estético o de carácter homofóbico o transfóbico». Hasta la fecha no se incluía mención expresa a la protección frente a los estereotipos sexistas, racistas, estéticos o LGTBIfóbicos.

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