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El Defensor del Paciente recurre a la Fiscalía para que no se deje morir a las personas mayores con coronavirus

Carmen Flores, presidenta de la Asociación El Defensor del Paciente ha solicitado a la Fiscalía que intervenga de urgencia ante la posibilidad de que sean los profesionales de la medicina quienes, llegado el caso y ante la gravedad provocada por el coronavirus, decidan qué personas pueden ingresar en la UCI, tomando como parámetro la edad o mayor posibilidad de vida.

En declaraciones a este medio de comunicación (Elsolidario.org), Carmen Flores ha expresado su disconformidad y total rechazo a que “los Galenos se erijan en Dios, sabiendo a ciencia cierta quien puede o no sobrevivir”. Añade la presidenta del Defensor del Paciente que “no se puede llevar a cabo una discriminación de enfermos. Por algunas noticias que tengo, los médicos van a decidir por mandato a quienes meten en la UCI y a quien no. A mí me parece terrible porque el Derecho a la Vida lo tenemos todos. Y este derecho a la hora de ponernos enfermos no se puede catalogar ni por edad ni por categoría…”

Comenta Flores que en la petición que ha hecho a la Fiscalía incide en que en España no existe “la pena de muerte ni la eutanasia, todavía. Y, si existiera, serían sus familiares o ellos mismos quienes la solicitaran, no un tercero. Ningún médico se puede erigir en dios para decidir quién muere o quién vive”

Desde la Asociación El Defensor del Paciente recuerdan que, en determinadas circunstancias, “como las de un coma irreversible en las que al mes ha despertado el paciente. Situaciones  en las que decían que no se iban a recuperar y se han recuperado siendo muy mayores”, decía, mientras también ha recordado esos titulares de prensa en los que pacientes octogenarios e incluso centenarios han sobrevivido a la enfermedad del COVID-19.

“Pensemos qué nos gustaría que le hicieran a nuestros padres si se ponen enfermos. En definitiva, y dicho por los propios colectivos médicos: mientras hay vida hay esperanza”, subrayaba, apuntando que la solicitud a la Fiscalía está fundamentada en que el artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal obliga a los que, por su cargo, profesión u oficio tuvieran noticia de algún delito público a denunciarlo inmediatamente al Juez o Fiscal.

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