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El Consejo de Europa recomienda a España avanzar en la lucha contra la discriminación y en la mejora de las condiciones educativas del alumnado gitano

Autor: Fundación Secretariado General Gitano

En una Opinión publicada el pasado 15 de octubre que evalúa el nivel de cumplimiento de España de sus compromisos con la población gitana española en el marco del Convenio Marco para la Protección de las Minorías Nacionales, la Comisión Consultiva del Convenio Marco reconoce los avances de España en la protección social y la promoción de la igualdad de la comunidad gitana en áreas como educación y vivienda, pero emite una serie de recomendaciones para combatir la discriminación y los estereotipos y para abordar una serie de deficiencias.

La Opinión, que cita varios de los informes de la Fundación Secretariado Gitano, reconoce que España se ha mantenido activa en la promoción de la igualdad de la comunidad gitana a través de políticas y programas específicos para contrarrestar su exclusión social. Sin embargo, la Comisión Consultiva destaca que la discriminación contra la comunidad gitana persiste a nivel local y regional en determinados ámbitos, como la educación, el alquiler de viviendas y el empleo. El Comité insta a las autoridades a hacer cumplir la asistencia escolar obligatoria hasta los 16 años y a poner en marcha programas específicos para erradicar los barrios marginales que aún existen en algunas comunidades autónomas proporcionando a las personas gitanas una vivienda digna y adecuada. También señala el grave problema de la segregación escolar del alumnado gitano en algunos centros educativos de nuestro país.

Las autoridades españolas también deberían redoblar sus esfuerzos para empoderar a las personas de la comunidad gitana, en particular a las mujeres y las generaciones más jóvenes, para que participen más activamente en los asuntos públicos y en la vida política.

El Comité subraya que aún falta una legislación integral contra la discriminación y toma nota del compromiso de las autoridades de aprobar dicha legislación en un futuro próximo. Señala asimismo que el antigitanismo es reconocido como una forma específica de racismo por las autoridades españolas, y acoge con satisfacción el hecho de que recientemente haya sido reconocido como un tipo de sesgo específico en la recopilación de datos de delitos de odio por parte de la policía. No obstante, el Comité Asesor insta a las autoridades a modificar el artículo 22.4 del Código Penal para incluir el antigitanismo como una de las circunstancias agravantes. También es necesario mejorar la capacidad humana y financiera de la Defensoría del Pueblo de España para que pueda cumplir su mandato de promover la igualdad de trato y la no discriminación. En el ámbito policial, el Comité valora que ha mejorado la formación a los servicios policiales sobre igualdad y no discriminación, pero señala el problema del perfil étnico como algo que sigue afectando especialmente a las personas gitanas.

En cuando a la cultura gitana, el Comité Asesor recomienda introducir la historia y la cultura del Pueblo gitano en los planes de estudio escolares de toda España, mejorar la representación de las personas gitanas en los servicios públicos mediante medidas afirmativas y garantizar que los medios de comunicación, en particular las redes sociales, no transmitan ningún estereotipo negativo sobre la comunidad gitana.

La Fundación Secretariado Gitano participó activamente en la organización de algunas de las visitas del Comité en España. Valoramos positivamente estas recomendaciones, que son coherentes con nuestras las líneas de trabajo y de incidencia política. Desde hace años venimos reclamando la aprobación de una Ley Integral de igualdad de trato y no discriminación que permita una mejor defensa de los casos de antigitanismo, y la inclusión de esta categoría en el código penal. También estamos trabajando en promover medidas que aborden el problema de la segregación escolar del alumnado gitano, algo que también recoge la Opinión como una realidad en nuestro país. Asimismo, compartimos sus recomendaciones en lo referente al acceso a la educación, al empleo y a la vivienda, tres ámbitos donde, a pesar de los avances de estos últimos años, aún queda mucho trabajo por hacer.

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