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El ambiguo acuerdo del G7 sobre el Impuesto Mínimo Global

Autor: Asociación por la Tasación de las Transacciones financieras y por la Acción Ciudadana (ATTAC)

Plataforma por la Justicia Fiscal

La reunión de ministros de Finanzas del G-7 acordó a principios de junio apoyar el establecimiento de un impuesto mínimo global (IMG) “de al menos el 15%” sobre los beneficios empresariales. Para la Plataforma por la Justicia Fiscal se trata de una buena noticia pues al menos reconoce algo que muchas organizaciones llevamos denunciando desde hace años: el escandaloso dumping fiscal y otras prácticas lesivas que practican por las grandes empresas transnacionales para eludir y evadir impuestos

Pero la propuesta de aplicar ese tipo mínimo global del 15%en los impuestos de las grandes empresas transnacionales es de momento bastante ambigua por lo que resulta prematuro hacer ahora una valoración consistente. Habrá que esperar a julio para ver cómo se concreta en los acuerdos de la reunión del G20 pues ya se sabe que el diablo está en los detalles y no es la primera vez que el G7 habla de acabar con el fraude fiscal para comprobar después que todo sigue igual cuando se disipa la cortina de humo que han creado

Lo que si es cierto es que en este comienzo de 2021, en razón de la COVID, la ciudadanía europea y mundial está escuchando con mayor insistencia en los medios de comunicación la urgencia de dar pasos hacia una mayor justicia fiscal global. Y esto es algo que, conocida la tenaz oposición de las grandes multinacionales y sus lobbies empresariales, muy pocos se hubieran atrevido hace escasos años a pronosticar. El acuerdo del G7 confirma que teníamos razón cuando en la Plataforma por la Justicia Fiscal insistíamos en la necesidad de reformar una legislación fiscal internacional obsoleta que seguimos aplicando desde los años 30 del siglo pasado. Porque pese a ser un logro importante, si es que finalmente se materializa esta propuesta del IMG, se trataría en cualquier caso de seguir aplicando parches a un sistema fiscal implantado hace casi un siglo y que está pidiendo a gritos su rediseño.

En la Plataforma por la Justicia Fiscal nos preocupa la escandalosa y creciente desigualdad económica y social debida a la concentración de la riqueza que se está produciendo en el planeta y que se alimenta especialmente de los mercados financieros, con los fondos de inversión especulativos y las grandes multinacionales como protagonistas destacados. Por ello, la reforma del sistema fiscal global debiera contemplar de forma prioritaria gravar específicamente al casino financiero mundial, implantando un auténtico Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) en todo el planeta.

La verdadera novedad en el acuerdo del G7 habría sido llegar al acuerdo de una tasa mundial mínima del 25% calculada sobre todos los beneficios. Ese sí hubiera sido un gran paso adelante para neutralizar la competencia fiscal y combatir la evasión fiscal, al tiempo que dar un margen real a los Estados para financiar los desafíos sociales, ecológicos y económicos a los que se enfrentan.

La Plataforma por la Justicia Fiscal agrupa a las principales organizaciones sociales y sindicatos. Defendemos que sin una fiscalidad progresiva, suficiente y equitativa, no habrá justicia social. Por eso demandados justicia fiscal y alzamos nuestra voz contra el fraude fiscal y los paraísos fiscales. Subrayamos que la bajada de los impuestos supone un recorte en los derechos principales de la ciudadanía a una educación de calidad, sanidad adecuada y a los cuidados necesarios para tener una vida digna e independiente.

Algunos datos:

La presión fiscal en España con respecto al PIB es de 34,5%, casi siete puntos inferior a la media de la eurozona (41,4%). Esto supone que si nos equiparáramos con Europa, recaudaríamos 80.000 millones de euros más al año.

En España contamos con la mitad de inspectores fiscales per cápita que la media europea.

La Fundación de Cajas de Ahorros (Funcas) estima que la economía sumergida, fraude fiscal y laboral impide recaudar en torno al 6% del PIB, es decir unos 70.000 millones de euros, que entorpecen cumplir con los derechos humanos económicos sociales y culturales”.

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