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Dura crítica de la ONU a España: el país ha fallado y abandonado a quienes viven en la pobreza

Philip Alston, exrelator de la ONU para la pobreza extrema, publica un contundente informe sobre su visita oficial a España hace cuatro meses, donde destaca la situación de varios colectivos vulnerables, como los/as jornaleros/as inmigrantes, los/as empleados/as domésticos/as o la población gitana.

Poblados de chabolas en condiciones «mucho peores que las de un campamento de refugiados». Sin agua corriente, electricidad ni sistemas de saneamiento. Habitantes, trabajadores/as inmigrantes del campo, que han vivido en ellos durante años «sin que su situación haya mejorado un ápice». Es el panorama que dibuja Philip Alston, ex Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la extrema pobreza y los Derechos Humanos, en un contundente informe sobre su visita oficial a España, que tuvo lugar del pasado 27 de enero al 7 de febrero.

A lo largo del documento, publicado este lunes, Alston desarrolla alguna de las conclusiones que ya adelantó entonces, incidiendo en que durante su estancia conoció de primera mano «lugares que muchos españoles y españolas no reconocerían como una parte de su país» y criticando con dureza que «los poderes públicos han fallado mayoritariamente» a las personas que viven en la pobreza. El informe será presentado por su sucesor en el cargo, Olivier De Schutter, en el Consejo de Derechos Humanos este martes 7 de julio.

El que fue investigador independiente para la ONU desde 2014 repasa algunos problemas que deben ser, insiste, prioritarios para el Gobierno, que afectan al sistema de protección social, la educación, la vivienda o la política tributaria. También, reclama a las autoridades que presten atención a los «efectos desproporcionados» que tiene la pobreza en determinados grupos, como las mujeres, los menores, los jóvenes, la población rural, la población gitana, las personas con discapacidad, los/as trabajadores/as domésticas así como las personas migrantes. Alston reclama «actuaciones urgentes» y repite su mantra: «La pobreza existe, en definitiva, a causa de decisiones políticas, y los gobiernos pueden optar, si lo desean, por eliminarla»En 2018, el 26,1% de la población que vive en España se encontraba en riesgo de pobreza o exclusión social y más del 55% tenía alguna dificultad para llegar a fin de mes, indicadores «alarmantes» para el experto, que recuerda que están entre los más altos de Europa

Durante su visita a España, Alston estuvo en varias comunidades autónomas y se reunió con autoridades municipales, autonómicas y estatales, así como representantes de la sociedad civil, miembros del mundo académico y activistas, y personas afectadas por la pobreza. Entre los sitios que visitó está un asentamiento informal donde vivían jornaleros/as inmigrantes en Huelva. El experto confesó entonces que las condiciones en las que malvivían le impactaron profundamente y así lo plasma en su informe. «Las condiciones materiales se sitúan entre las peores que ha visto en cualquier parte del mundo. Viven a kilómetros de distancia del agua, sin un saneamiento adecuado ni acceso legal a la electricidad. Muchas de esas personas han vivido allí durante años y podrían pagar un alquiler, pero contaron al Relator Especial que nadie las aceptaría como inquilinas o inquilinos», reza el documento.

Alston cuenta que, durante las dos semanas que pasó en España conociendo la realidad de la pobreza, la palabra que escuchó con más frecuencia de las personas con las que se entrevistó fue “abandonados/as”. «Abandonados/as los/as habitantes de un pueblo sin transporte público para ir al médico y sin dinero para pagar un transporte privado. Abandonados/as en un suburbio estigmatizado de renta baja que la policía evita. Abandonados/as frente a caseras y caseros sin escrúpulos, aumentos desorbitados del alquiler o viviendas protegidas destartaladas, y abandonados/as frente a un sistema burocrático arbitrario que niega ayudas vitales sin dar explicaciones», sostiene taxativamente. 

Para él, la gente «se siente abandonada con razón«. Y hace hincapié varias veces en que la recuperación económica «ha beneficiado mayoritariamente a las grandes empresas y a las personas más adineradas, mientras que muchos de los servicios públicos y las protecciones que sufrieron graves recortes después de 2008 no se han restablecido». Según las cifras recopiladas en el documento, el crecimiento de las rentas «ha beneficiado principalmente a quienes están arriba»: mientras que las rentas del 1% más rico crecieron un 24% entre 2007 y 2017, el 90% más pobre experimentó un crecimiento por debajo de la media. El investigador agrega que los beneficios empresariales se han recuperado en gran medida desde la crisis, pero la parte de los ingresos tributarios correspondiente al impuesto de sociedades se dividió por la mitad este mismo periodo, según datos proporcionados por el Ministerio de Hacienda, pasando del 22,3% de los ingresos tributarios totales al 11,9%. «Antes de la crisis, España había permanecido relativamente inmune al aumento de la desigualdad que afectaba a tantos otros países, pero los índices de desigualdad se han disparado desde 2010. Con las medidas de liberalización y las jugosas reducciones del impuesto de sociedades que se introdujeron, no es de extrañar que a quienes más tienen y a las grandes empresas les haya ido tan bien», defiende.

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