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Denuncia por múltiples irregularidades en la empresa sanitaria del Cabildo de Tenerife, que controla hasta decisiones médicas

Un grupo de trabajadores pone en manos del Diputado del Común un dossier con quejas y reclamaciones de pacientes, trabajadores de Imetisa y especialistas y jefes de servicio del Hospital Universitario de Canarias por el trato inadecuado y las injerencias del gerente en la priorización de las pruebas diagnósticas.

Dice el acervo popular, para infundir esperanza a quien ha sufrido un infortunio, que cuando una puerta se cierra, una ventana se abre. En el caso de la empresa pública Instituto Médico de Tenerife (Imetisa), participada al 90% por el Cabildo de la isla picuda y en un 10% por el Servicio Canario de Salud (SCS), el plano literal y el metafórico de esa frase se entremezclan. Y es que la decisión del gerente de ordenar el cierre de una puerta, la que da acceso a la cámara hiperbárica (el servicio que presta esta sociedad junto a las resonancias magnéticas), en contra del criterio de sanitarios que abogaban por mantenerla abierta para facilitar la ventilación en el edificio y un ambiente de seguridad frente a la COVID-19, ha sido la gota que ha colmado el vaso, el desencadenante de una denuncia que ha aireado problemas y conflictos de mayor trasfondo, larvados desde hace años. A su vez, ha reabierto el debate sobre su futuro y la pertinencia de continuar dejando un servicio sanitario en manos de una corporación que no tiene ninguna competencia en la materia.

Un grupo de trabajadores vinculados con Imetisa ha puesto en manos del Diputado del Común un dossier que señala directamente al gerente de la empresa, Ramón Folgueras. Múltiples son las quejas, reclamaciones y presuntas irregularidades recogidas en el informe. Desde el trato inadecuado de la dirección a los pacientes, «alzando la voz y sin hacer uso de la mascarilla obligatoria», hasta deficiencias estructurales de la sociedad que siguen sin ser solucionadas, como «la inexistencia de alternativas» en caso de avería del único ascensor del edificio para el acceso de pacientes encamados o con déficit de movilidad que requieran asistencia urgente. A ello se le suman conflictos laborales, incluidas contrataciones irregulares, el despido improcedente de un radiólogo y, al menos, tres demandas por acoso en el seno de la empresa en los últimos tiempos. Una de ellas se resolvió con una condena a Imetisa por no actuar con la diligencia debida y no adoptar decisiones de calado (como la suspensión de empleo y sueldo) ante una situación de mobbing contra una trabajadora. 

La denuncia al Diputado del Común incorpora como «máximo exponente» de estos desencuentros una serie de escritos de especialistas y jefes de servicio del Hospital Universitario de Canarias (HUC) que cuestionan al gerente de la sociedad del Cabildo de Tenerife por sus injerencias a la hora de establecer la prioridad para la realización de resonancias magnéticas o de pedir que se las justifiquen, es decir, por «querer tomar decisiones sobre pacientes, tratamientos o situaciones médicas» sin tener formación sanitaria, destaca uno de los profesionales con los que ha hablado Canarias Ahora. «Por su estatus y porque es gerente, me retrasó una prueba casi dos meses sin importar por qué era», añade este profesional. «Es él quien decide qué paciente tiene prioridad, pero no es médico, no entiende de prioridades. Todo son números, es una empresa», comenta una especialista del HUC a la que también le pospuso una resonancia que pidió con carácter urgente para que se realizara, por su gravedad, en el plazo de 24-48 horas. 

Esta sanitaria señala que el conflicto comenzó a fraguarse hace unos cuatro años, con la salida de Imetisa, por conflictos laborales (uno de ellos acabó con una condena por despido improcedente), de radiólogos que atesoraban una amplia experiencia. Estos especialistas médicos son los encargados de leer los resultados de las resonancias magnéticas y elaborar los informes que remiten a los especialistas del HUC que solicitan la prueba. Hasta entonces, señala la médica, el proceso funcionaba. Especialistas y radiólogos comentaban la situación de los pacientes y decidían la prioridad de las pruebas. Sin embargo, «desde hace unos dos años» y a diferencia de lo que ocurría antes, a los radiólogos que prestan servicio en el área de resonancia magnética de Imetisa no se les permite acudir a los comités de valoración de los pacientes del HUC, una decisión que, entiende, va en perjuicio de la calidad asistencial.

Fuente: https://www.eldiario.es/canariasahora/sociedad/denuncia-multiples-irregularidades-empresa-sanitaria-cabildo-tenerife-controla-decisiones-medicas_1_8017895.html

Imagen: Iván Suárez. @IvanSuarez__ elDiario.es

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