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Cumplan la ley y ayuden ya a las personas que nadie quiere contratar

Gobierno de Canarias: Cumplan la ley y ayuden ya a las personas que nadie quiere contratar

Todos están de acuerdo en cubrir las necesidades sociales que cada sector demanda al Estado. Hay concenso en que las personas dependientes y sus cuidadores requieren de más recursos. La mayoría quiere atender con presupuesto público las necesidades de los menores sin familia o de aquellos enfermos víctimas de raras patologías o cubrir a aquellos que sufran de pobreza severa. Hay muchísimas necesidades, pero el presupuesto de las administraciones públicas es limitado. Lo ideal sería poder atender estas y otras demandas sociales sin necesidad de aumentar el gasto público y, por tanto, los impuestos.

Hay una fórmula para hacerlo: los contratos o mercados reservados. Son licitaciones públicas que tienen una reserva de exclusividad para determinadas empresas sociales o entidades sociales sin ánimo de lucro que tienen como principal fin el servicio público. Es decir, se trata de que las administraciones reserven un pequeño porcentaje del total de sus compras a este tipo de empresas o entidades sociales.

Las empresas mercantiles con ánimo lucrativo destinan entre un 5 % y un 25 % del total del contrato a beneficios empresariales cuyo destino final es el aumento de la riqueza del dueño o dueños de la empresas. En el caso de las ONG y empresas sociales este porcentaje tiene que destinarse a sus finales sociales.

Por tanto, una mayor facturación de empresas sociales gracias a contratos públicos implica más atención de los colectivos más vulnerables, sin que esto suponga un aumento del presupuesto de gasto público. Sencillamente dejan de utilizarse para el beneficio empresarial y se destinarán a los más necesitados. 

Esta situación ya está contemplada por las instituciones. En mayo del 2019 el Gobierno de Canarias, en una reunión de su consejo de gobierno, decidió que el 2 % del total de las compras que realiza estarían destinadas a empresas de inserción y centros especiales de empleo. Este acuerdo supone un esfuerzo de solidaridad contemplado en la disposición adicional cuarta de la Ley de Contratos del Sector Público.

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