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¿Cómo mitigar los efectos de la economía sumergida?

Autor: Red Araña-Entidades por el Empleo

Las acciones del Proyecto de «Economía Sumergida: En materia de Igualdad 2.0», ejecutado por Red Araña y financiado por la Dirección General de Trabajo del Gobierno de Canarias, es mitigar los efectos de la economía sumergida en relación al colectivo de mujeres.

Una de las acciones es la sensibilización a pie de calle. El objetivo fundamental es sensibilizar a la ciudadanía y a las empresas de las consecuencias negativas que supone para la sociedad en su conjunto y para las mujeres en particular, el desarrollo de actividades fuera de la legalidad. La corresponsabilidad social va más allá de la conciliación. Va relacionado con el aumento y mayor implicación de las personas en el reparto de las tareas domesticas y familiares; Comenzando con el género masculino para extenderse a otros agentes sociales e instancias públicas y privadas. Las medidas de conciliación se han dirigido fundamentalmente a las mujeres, contribuyendo a que la conciliación se considere como un “problema exclusivo del género femenino”. Sin embargo, la correspondencia implica una actitud sensible de las organizaciones hacia esta cuestión que supone el desarrollo de una nueva cultura de la organización. Por ello, esta cuestión debe ser abordada desde la perspectiva de la igualdad de oportunidades que es uno de los principios rectores de las políticas europeas, de la legislación comunitaria así como de la estrategia europea para el empleo. El éxito de las medidas que tienen en cuenta el enfoque de la correspondencia radica en su universalización, es decir, se aplican tanto a trabajadores como a trabajadoras ya que su finalidad es promover la igualdad de oportunidad de hombres y mujeres. Por el contrario, si estas medidas van dirigidas tan solo a las mujeres, se perpetuaran los efectos perversos, la discriminación y las empresas percibiendo que el hecho de contratar a una mujer conlleva más costes. Sin embargo, se obtienen muchos beneficios por la aplicación de las medidas de conciliación. Entre otros, se podrían enumerar los siguientes:

  • La reducción de la economía sumergida en sectores tradicionalmente femeninos, altamente precarizados y en auge: cuidados a la dependencia o limpieza de hogares.
  • El aumento de la productividad.
  • La retención y captación del talento.
  • La reducción del absentismo laboral.
  • La reducción de la temporalidad y precariedad laboral.
  • El aumento de la implicación de la plantilla.
  • Promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

Para conseguir difundir estos contenidos se llevaran a cabo las actividades en las zonas metropolitanas de Tenerife y Gran Canaria. Se llevaran a cabo 4 veces al mes durante los 4 meses de ejecución del proyecto, en ellas se utilizará cartelería y material promocional como flyers, camisetas, música y material de dinamización en general.

Otra de las acciones es la sensibilización en las administraciones públicas para una contratación pública responsable. A fin de sensibilizar en el espacio de la contratación pública, se visitará a diferentes ayuntamiento de Tenerife y Gran Canaria para sensibilizar en el espacio de la contratación pública y presentar los argumentos de la campaña a los poderes políticos. La directiva de contratación pública 2014/24/UE, aprobada por el parlamento europeo y el consejo, estableció que “la contratación pública desempeña un papel clave de la estrategia europea 2020, siendo uno de los instrumentos basados en el mercado que deben utilizarse para conseguir un crecimiento inteligente, sostenible e integrados, garantizando al mismo tiempo un uso más eficiente de los fondos públicos, facilitando la participación de las pequeñas y medianas empresas en la contratación pública y permitiendo que los contratantes utilicen mejor la contratación pública en apoyo de objetivos sociales comunes”. Los datos del observatorio de contratación pública establecen que la contratación pública representa aproximadamente el 18,5% del PIB de España. Este volumen de contratación se convierte en un instrumento en una extraordinaria fortaleza para influir en la forma de actuar de las entidades que quieren trabajar para las administraciones públicas. La contratación pública ya no es un mero medio para que las administraciones publicas se hagan con una serie de bienes y servicios, sino que se convierte también en una herramienta para que puedan trabajar en la consecución de otra serie de objetivos que son los propios, es decir, la inserción socio laboral de determinados colectivos, o la generación y mantenimiento de empleo de calidad minimizando el empleo informal o irregular. Para impulsar la contratación pública responsable y reducir la economía sumergida en el sector se ha aprobado la nueva ley de contratos del sector público (Ley 9/2017), que contempla la reserva de un porcentaje de la contratación pública a entidades sociales. El objetivo de estas sesiones de asesoramiento con los/as responsables políticos o funcionarios/as responsables de contratación no es otro que promover la “compra publica responsable”. La contratación pública en España supone casi el 20% del PIB, por lo que contratar a empresas socialmente comprometidas en la lucha contra el fraude laboral y la economía sumergida plantea un impacto inmediato sobre esas cifras. En la actualidad se contrata en España bajo criterios económicos y no sociales, llevando dinero público a las arcas de empresas que por otra parte pueden promover el fraude laboral y la economía sumergida. Se trata pues de concienciar a las autoridades públicas de que se incluyan en los pliegos clausulas sociales como la exigencia de planes de conciliación familiar, planes de igualdad o medidas de control sobre las horas extraordinarias. A este último respecto, el espacio empresarial tiene todavía mucho trabajo por hacer: según los últimos datos de la encuesta de población activa (EPA) que hemos conocido en 2019, donde se realizaron en España una media de 6.000.000 horas extra al mes. De ellas, el 46,9% no se pagaron ni se compensaron con descanso ni se cotizaron. Se visitará y asesorará a las administraciones públicas como ayuntamientos de las dos islas capitalinas, además de asesorar a sus técnicos, visitando un total de 5 por isla.

Y la última acción que recoge este proyecto es desarrollar actividades formativas sobre la relación de economía sumergida y desigualdad de género con alumnados de formación profesional. La educación es la herramienta fundamental para combatir la economía sumergida y la brecha de género. Existen sectores ligados al trabajo de la Red Araña donde hemos percibido altos índices de precariedad y economía sumergida, en la misma línea de actuación de la Dirección General de Trabajo del Gobierno de Canarias. Esos sectores son:

  • Cuidado a perdonas dependientes. En este sector, mayoritariamente femenino, existe un altísimo índice de economía sumergida.
  • Integración social: en este sector, mayoritariamente Femenino, existe un altísimo índice de economía sumergida.

Lo que se pretende es impartir acciones formativas a los futuros profesionales del sector, trabajando por tanto en los Centros de Formación Profesional, para sensibilizarlos y asesorarlos de cómo emprender una actividad laboral que sea regular y beneficiosa económicamente. Esas acciones formativas serán tanto en Tenerife como en Gran Canaria. Las acciones formativas tendrán carácter semipresencial, ofreciendo sesiones presenciales en los Centros de Formación Profesional y complementando esos contenidos con una plataforma digital en la que continuará formándose el alumnado en casa.

Más información sobre Red Araña aquí: https://www.empleoenred.org/

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