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Canarias prepara la renta de ciudadanía para luchar contra la pobreza y exclusión

A pesar de la protección que brinda el Documento de Reglamento de Empleo Temporal, la tasa de desempleo en la isla ha ido en aumento en 2020. En la actualidad, su tasa de registro es del 25,22%, y debido a su dependencia del turismo y la hostelería, es la comunidad más afectada por la destrucción de empleo. Según datos de enero de 2021, 84.403 personas de la comunidad autónoma se encuentran en ERTE.

El último informe de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión (EAPN) ha reflejado que antes de la pandemia, la tasa de pobreza y exclusión en el archipiélago era del 35%. Además, el 28,5% de los canarios vive con menos de 641 euros al mes, por lo que se arriesga a la pobreza. La Renta Mínima Vital (IMV) se ha hecho pública como una de las principales herramientas para afrontar esta situación, aunque su retraso ha provocado que el ejecutivo autonómico modificara su Prestación de Inserción Canarias (PCI) para agilizar y ampliar su cobertura.

El borrador recoge que sustituirá a la PCI, debido a que se encuentra en su último año de vida y complementará el ingreso mínimo vital, especialmente en todos los aspectos que faltan. Las directrices planifican tres tipos de asistencia: renta para la inclusión social, ingresos sociales inclusivos para los jóvenes y prestación complementaria a los ingresos laborales. También proporciona otros tres complementos: vivienda, educación y pensiones no contributivas.

la Red Europea de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión destaca la necesidad de modificar el rango de edad considerado en los requisitos de ingresos, es decir, extender su edad de 18 a 67 años. Para cubrir otros grupos, el borrador actual estipula que los inmigrantes que quieran postularse deben demostrar que tienen al menos 12 meses de registro o un período de residencia válido de 5 años. EAPN propone «reemplazar los requisitos de registro para los grupos de personas sin hogar e inmigrantes con un informe social que certifique su estado». Además, plantearon añadir un complemento de discapacidad, que en la valoración del caso se tenga en cuenta la situación actual y no la del año anterior o la creación de un complemento que compense la pérdida económica de las familias que recibían la prestación por hijo a cargo o por hijo a cargo dependiente. 

La EAPN, añade que es vital agilizar los trámites para que sea una ley realmente garantista y pueda cubrir de manera eficaz las necesidades básicas de las familias canarias.

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