El avance de la inteligencia artificial ha llevado a la automatización de la aplicación de la ley en diferentes áreas, como la seguridad en supermercados, el control de acceso en transporte público y la detección de fraudes fiscales. Si estas herramientas prosperan, podrían eliminar la posibilidad de cometer delitos o infringir normas. Sin embargo, esto podría significar el fin del derecho como una práctica basada en la moral y su reemplazo por una tiranía ciega.
En el contexto de los grandes desafíos que enfrentan los Estados, como el cambio climático y las amenazas terroristas, se espera que las autoridades deleguen el control a sistemas automatizados. Esto plantea la diferencia entre acatar una ley y ser incapaz de transgredirla debido a la arquitectura del poder.
Aunque la inteligencia artificial puede ser útil en tareas específicas, carece del conocimiento complejo del mundo que posee cualquier persona. El mundo funciona en gran medida gracias a procesos informales y sentimientos que no son cuantificables, como la empatía, la justicia y la flexibilidad. Equiparar las capacidades de las máquinas con las humanas y pasar por alto estos aspectos puede llevar a desastres.
La aplicación mecánica de la ley contradice los principios del Estado de derecho, ya que este implica que el poder esté sujeto a garantías y que las decisiones sean legítimas y justificables. La ley requiere interpretación y ejecución constantes y no puede ser aplicada mecánicamente a todos los casos. La responsabilidad de decidir de manera justa recae en los seres humanos y no en sistemas automatizados.
La inteligencia artificial no puede igualar la capacidad interpretativa humana y la capacidad de impartir justicia. La justicia requiere considerar cada caso particular y no imponer una misma interpretación a todos. La ley es calculable, mientras que la justicia es incalculable y requiere que consideremos lo impredecible.
En resumen, la automatización de la ley a través de la inteligencia artificial plantea desafíos en términos de justicia, moralidad y aplicación equitativa de las normas. La capacidad humana para interpretar y decidir en casos individuales es fundamental para mantener un sistema legal justo y respetar los principios del Estado de derecho.
